La demanda de la Fiscalía se acumulará a la presentada el pasado jueves por el Gobierno a través de la Abogacía del Estado, que sostiene que la nueva formación abertzale forma parte de una estrategia de la que ETA es «motor» y actor principal y que el rechazo de la violencia que reflejan los estatutos de Sortu es «cosmético, retórico e instrumental, no real».
Conclusión
El Ministerio Público ha llegado a la misma conclusión: Sortu «no es un partido», sino «el mero intento de aparentar formalmente el cumplimiento de la ley para mantener a la desesperada la presencia de ETA en un horizonte político al que ya sabe que no va a llegar de ninguna manera», dijo el pasado viernes en Sevilla el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Como en el caso de la presentada por los servicios jurídicos del Estado, la Fiscalía -que el pasado viernes todavía recibió un último informe de la Guardia Civil- incluirá en su demanda varios «contraindicios» con los que pretende demostrar que, más allá de la literalidad de sus estatutos, Sortu no ha hecho nada por desmarcarse de la violencia terrorista.
Así, fuentes del Ministerio Público han informado de que el escrito que se presentará en el Supremo destacará el silencio mantenido por la nueva formación abertzale tras la detención el pasado martes en Vizcaya de cuatro presuntos etarras que almacenaban doscientos kilos de explosivo y los dos episodios de violencia callejera registrados al día siguiente en Vitoria.
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