Más de 200 afectados por las tramas de niños robados presentaron en la Fiscalía General del Estado una demanda colectiva para solicitar la apertura de una investigación penal a nivel nacional sobre sus casos.
Los demandantes, ubicados en distintos puntos de la geografía nacional, han sido agrupados por la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) y están representados por el abogado Enrique Vila.
Todos ellos acudieron a la sede de la Fiscalía portando pancartas en las que denunciaban la existencia de unos 300.000 casos relativos a la sustracción de niños recién nacidos en diversas clínicas, a cuyos progenitores se les comunicaba su fallecimiento, y que eran entregados a otras familias previa falsificación de los documentos necesarios.
Periodo amplio
Los casos se produjeron, según la documentación que ha recabado la asociación, en un periodo amplísimo que se extiende desde los años cuarenta hasta los noventa, según se tiene constancia por parte de algunos de los implicados.
El presidente de Anadir explicó que entre los culpables de los robos de bebés se encuentran «médicos, comatronas, enfermeras, curas, monjas, funcionarios del registro civil e incluso personal de los cementerios» y que las sustracciones se efectuaron «en todas las comunidades autónomas». ido, dependiendo de la época en que habrían ocurrido los hechos, suposición de parto y trafico de niños -coger el niño a una mujer para dárselo a otra para que lo inscriba como propio-, falsedad en documento público -falsificaciones de los registros civiles- coacciones y engaño a las madres biológicas.
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