Cándido Méndez y Fernandez Toxo, durante la rueda de prensa de ayer en L'Hospitalet. | Efe - Alberto Estevez

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La ayuda de 426 euros para los parados que han agotado todas sus prestaciones -que finalizará el próximo mes- se sustituirá por una nueva prestación de 350 euros vinculada a la formación. Esa nueva ayuda figura en un documento de 27 de folios que el Ministerio de Trabajo ha remitido a las comunidades autónomas con la propuesta del Gobierno para reformar la prestación de 426 euros. Ese documento será discutido en la Conferencia Sectorial de Empleo que se celebrará el próximo lunes.

El portavoz de Laboral del PP, José Ignacio Echániz, indicó que la intención del Gobierno central es aprobar la nueva prestación el próximo 28 de enero -coincidiendo con la aprobación de la reforma de pensiones- o bien el viernes siguiente, el 4 de febrero.

El diputado del PP criticó que el Ejecutivo vaya a aprobar una reducción de la ayuda que, según destacó, «ya era exigua». Además, según el Partido Popular, el Gobierno pretende «endosar» el gasto de esa nueva ayuda a las comunidades autónomas, que son las que gestionan las políticas activas de empleo, es decir, aquellas relacionadas con la formación de desempleados. Echániz asegura que ésa es la pretensión del Gobierno y que la quiere imponer «sin dotarlas de nuevos recursos económicos que la hagan posible», mientras que «con la otra mano» amenaza a las autonomías con intervenirlas si se exceden en sus déficit.

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«Mal comienzo»

Para el PP, se trata de una propuesta «absolutamente inadmisible» y «un mal comienzo» para establecer el pacto global en materia económica y laboral que busca el Gobierno con partidos políticos y agentes sociales. Según Echániz, el documento que han recibido las comunidades no tiene ninguna memoria económica ni explica de dónde saldrán los fondos para financiar la nueva prestación.

En este sentido, advirtió que si la financiación se hace con cargo a las partidas que reciben las comunidades para formación, eso irá en detrimento de los cursos que ahora ofrecen a los parados y que, en la actualidad, sólo llegan al 11% de los desempleados. «A las comunidades les piden que con la exigua cantidad que reciben para formación, encima se hagan cargo de un proyecto que es competencia del Gobierno de la nación. Está haciendo un flaco favor a la situación de gestión económica de las autonomías», lamentó el portavoz popular.