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La ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, ha afirmado este miércoles que no tiene pensado dimitir, y ha asegurado que seguirán trabajando para buscar un modelo «satisfactorio para todos», con motivo del fracaso de la disposición segunda final de la Ley de Economía Sostenible, conocida como 'Ley Sinde', rechazada ayer en el Congreso.

Sinde ha declarado ante los medios que no ha pensado en la posibilidad de abandonar el Ministerio de Cultura y ha recalcado que hace su trabajo para un presidente de Gobierno que «tiene esa posibilidad de cesar y nombrar ministros cuando lo considere».

En cuanto al resultado de las votaciones de ayer, la ministra de Cultura ha subrayado que «uno nunca sabe cómo van a salir, en eso consiste la democracia». «Cada grupo político expresa sus convicciones y toma sus decisiones hasta el ultimo momento de votación», ha señalado.

Sin embargo, cree que todos los partidos estaban de acuerdo en que «hay que encontrar alguna fórmula y alguna solución a la compatibilidad de los derechos de todos en la red». «Lo que tenía cada grupo lo que tenía era una opción distinta, un modelo distinto», añade.

Por ello, asegura que el Gobierno «seguirá trabajando» en buscar un modelo que sea «satisfactorio para todos» y seguirá dando respuesta a «esta situación», ya que, según señala, «el compromiso con la defensa de la propiedad intelectual y el compromiso con las industrias culturales y su potencial de desarrollo económico, y su potencial de generación de empleo, pasa inexcusablemente por la red y es una prioridad para el Gobierno».

En este sentido, Sinde ha señalado que actualmente están analizando cuáles pueden ser los siguientes pasos para seguir en ese camino de «defensa de la propiedad intelectual, de encontrar esa fórmula que permita a los usuarios la posibilidad de acceder a contenidos legales en la red, a precios asequibles, que no persigan y criminalicen a los usuarios».

«Una merma para el país»

A su juicio, son necesarias unas reglas «justas y equitativas» en la red, porque si no se perderá el patrimonio cultural, se dejarán de hacer inversiones y sólo existirá lo que la ministra ha denominado «cultura de amateurs», que son «quienes pueden dedicar gratuitamente y no puedan vivir profesionalmente la cultura».

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Para Sinde, esto supone una «merma» para el país y una «merma internacional». «Nuestro país tiene una lengua, un potencial cultural que está muy por encima del de otros países, y no puede permitirse el lujo de despilfarrar el talento de nuestros creadores y el talento de tantas personas que trabajan en la cadena de valor de la cultura», ha lamentado.

Rechazo de todos los grupos salvo el PSOE

La comisión de Economía del Congreso rechazó ayer la 'ley Sinde', que permitiría el cierre o bloqueo de páginas web de descargas por orden judicial, por 20 votos en contra, de todos los grupos políticos de la oposición, y 18 a favor, del Partido Socialista. Más de ocho horas después de ser debatida en la comisión de Economía del Congreso, la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, también conocida como 'ley Sinde', fue rechazada con los votos de PP, CiU, PNV, CC y ERC-IU-ICV tras aplazarse la votación hasta en tres ocasiones debido a la complejidad del proceso de enmiendas.

Una vez concluida la votación, con 18 votos a favor de la 'ley Sinde' del PSOE y 20 en contra del resto de grupos, varios diputados se arrancaron a aplaudir por el resultado, en el que finalmente no hubo sorpresas de última hora, a pesar de las negociaciones de los socialistas por salvar la normativa.

Desacuerdo

Ya durante el debate de la mañana, todos los grupos parlamentarios manifestaron su desacuerdo a la ley que incluye la creación de una comisión de propiedad intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, y que sería la encargada de examinar las denuncias presentadas y remitirlas a la Audiencia Nacional, que en el plazo de 4 días decidiría sobre el cierre o bloqueo de esa web.

La decisión de los grupos no respondió al llamamiento realizado a lo largo de ayer por la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, quien apeló al «buen criterio» de los diputados para que la ley antidescargas fuese aprobada. Los argumentos esgrimidos por todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, transitaron desde las dudas sobre la constitucionalidad del texto, en el caso de CC, PP y ERC-IU-ICV, hasta considerar la disposición «un chapuza propia de Pepe Gotera y Otilio», como aseguró el portavoz de ERC Joan Ridao, o «la ley de la patada al módem», como expresó la diputada de ICV Nuria Buenaventura.

El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, supeditó su apoyo a la disposición, a la que no habían presentado enmiendas, a alcanzar un acuerdo con el PSOE en otros aspectos de la Ley de Economía Sostenible, un pacto que no fue posible y, pese a que los intentó el PSOE, ningún otro grupo se sumó.