El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, atiende a los medios en una imagen de archivo. | Efe

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La elevación de 65 a 67 años de la edad de jubilación debe tener una «prioridad alta» en la reforma de las pensiones en España, que además debe incorporar otras medidas para contener el gasto, según estimó hoy la OCDE.

Además, esa reforma debe, a largo plazo, vincular los derechos de pensión a la evolución de la esperanza de vida, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un informe dedicado a España.

El cálculo de esos derechos de pensión debe tener en cuenta, además, toda la vida laboral de los beneficiarios y no sólo una parte.

Los autores del informe advierten de que «España afronta un dramático incremento» del gasto público a causa del envejecimiento de su población entre 2030 y 2060 en un contexto en que su sistema de pensiones es más generoso que el de otros países en relación con las contribuciones de los cotizantes.

Además, aconsejan la disminución o incluso la supresión de los subsidios específicos para los parados de mayor edad, así como aumentar el número de años necesarios para cobrar la pensión completa, que ahora es de 35.

La organización insiste en que para recuperar la confianza de los inversores en la economía española «es importante lograr una mejora permanente en el equilibrio presupuestario», lo que pasa por aplicar «estrictamente» los recortes anunciados para 2012 y 2013.

Pero el Gobierno tiene que «estar preparado para tomar medidas suplementarias si fuera necesario» y deben estar claramente identificados dónde se pueden producir recortes del empleo público sin que la calidad del servicio quede en entredicho.

La OCDE pone el acento en que dado que la presión fiscal en España es relativamente baja respecto a otras economías europeas, al ajuste le pueden acompañar subidas de impuestos, que pueden tener menos impacto sobre la actividad, como ampliar el tipo superior del IVA a nuevos tipos de productos o tasas medioambientales.

Igualmente se pronuncia por un mayor control del gasto público de las autonomías, de forma que en periodos favorables para la actividad se exija un mayor superávit en todos los niveles de la administración.

La reforma laboral aprobada por el Parlamento en septiembre es objeto de críticas porque aunque supone una reducción de los costes de despido para las empresas «deja mucho espacio a la interpretación judicial».

Y avisa de que si la reforma fracasa en su propósito de facilitar los despidos para las empresas, «pueden ser necesarios» más esfuerzos en esa línea, y sugiere que se reduzca la duración de los procedimientos judiciales.

Los responsables del informe también se quejan de que con el nuevo texto las indemnizaciones por despido en algunos contratos fijos son «excesivamente amplias», lo que hace que las compañías sean remisas a transformar los contratos temporales en permanentes.

A ese respecto, apuesta por «un contrato único con una indemnización (por despido) que es inicialmente baja, pero que se incrementa gradualmente con la antigüedad», pero también por no establecer restricciones a la firma de contratos temporales.

El conocido como el «Club de los países desarrollados» mantiene en este estudio las previsiones económicas que había hecho para España en su informe semestral publicado en noviembre: una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,2% este año, seguido de una subida del 0,9% en 2011 y un alza del 1,8% en 2012.

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La OCDE constata que el mercado inmobiliario en España sigue caracterizado por un «amplio» exceso de la oferta, y que las políticas de vivienda deben actuar para absorber el volumen de casas vacías, incitar la movilidad geográfica y promover el mercado del alquiler.

En una línea paralela, pide que se reconsideren las ayudas para la construcción de viviendas sociales, y que se dediquen los fondos a dar dinero en metálico a las familias que realmente los necesiten para alojarse, en lugar de desgravaciones fiscales.

La organización reitera su consejo de que los gobiernos autonómicos reduzcan los obstáculos para la implantación de nuevos hipermercados o grandes almacenes y que liberalicen los horarios de apertura allí donde no sea una realidad.

Un capítulo extenso del informe se dedica a la política hidráulica española, en la que se critican las políticas de subvenciones a los regadíos y se pide una elevación del precio del agua, que debe ser transparente para evitar el agotamiento de los recursos y un uso más racional según la eficiencia económica.

Habla el ministro

Por su parte, e ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado hoy que el Gobierno va a realizar el «máximo esfuerzo» para hacer compatible la propuesta de elevar la jubilación por encima de los 65 años con las posiciones de los grupos del Pacto de Toledo, pese a que ha admitido que en este aspecto existe una «importante discrepancia».

Durante su primera comparecencia en la Comisión de Trabajo e Inmigración en el Senado, Gómez también quiso garantizar los «mayores esfuerzos» para acometer las reformas pendientes en materia laboral a través del diálogo social, con el fin de buscar el «mayor acuerdo» de sindicatos y empresarios. Eso sí, se reafirmó y advirtió de que estas negociaciones no pueden «interrumpir» el «calendario de reformas».

Ante el «reto» del «importantísimo» incremento de la población con más de 65 años, el ministro calificó de «ineludible e inaplazable» la reforma de las pensiones por su contribución a la estabilidad presupuestaria y la recuperación económica.

Así, reiteró la necesidad de dificultar las prejubilaciones para eliminar el «injustificado» sobrecoste de la jubilación parcial y ampliar el periodo de cálculo de las prestaciones y homogeneizar la escala de tipos aplicada en función de los años cotizados.

Sobre el punto más controvertido, el retraso de la edad legal de jubilación más allá de los 65 años, el titular de Trabajo insistió en que este planteamiento supone la «fórmula más efectiva» como respuesta «equilibrada» al incremento de la esperanza de vida.

En un nuevo discurso con alusiones de agradecimiento sobre los sindicatos, Gómez repasó las distintas reformas que prevé aprobar el Gobierno en materia laboral en los próximo meses.

En este sentido, reiteró que el Fondo de Capitalización, el denominado 'modelo austriaco', tendrá operatividad a partir del 1 de enero de 2012 y que prevé que los cambios de las políticas activas de empleo estén listos para el mes de febrero, al tiempo que anunció la celebración de una nueva Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas, de las que dependen la ejecución de las políticas activas de empleo, «no más allá» de la primera quincena de enero.

GOBIERNO SIN PASIVIDAD.

En cuanto a la negociación colectiva, Gómez garantizó la autonomía de los agentes sociales para reformar este aspecto, si bien aseguró que el Gobierno actuará en caso de que no se alcance un acuerdo. «El Gobierno no permanecerá pasivo», afirmó, para después garantizar que el Ejecutivo canalizará cualquier iniciativa a través de diálogo social.

«Estas reformas ya han comenzado y es voluntad del Gobierno acelerarlas en la medida de lo posible», indicó, para terminar concluyendo su intervención inicial con el convencimiento de que estos cambios «no dan saltos en el vacío» y que «no se desvían» del camino de la recuperación económica.