Así, en el anteproyecto el Gobierno propone prohibir apostar a «los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento objeto de las apuestas». Además, también prohíbe apostar en esos eventos a «los directivos de las entidades deportivas».
No es la única prohibición que ha incluido el Ejecutivo en el anteproyecto para garantizar la legalidad de las apuestas y la protección de colectivos vulnerables. También se prohíbe apostar a «los árbitros o jueces que ejerzan sus funciones en el acontecimiento objeto de las apuestas», así como a los directores de la Comisión Nacional del Juego, órgano que regulará el juego en España.
Tampoco podrán apostar los «accionistas, propietarios, partícipes o titulares significativos del operador de juego, su personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, así como sus cónyuges, ascendientes y descendientes en primer grado, en los juegos que gestionen o exploten aquellos».
Para proteger a los menores y personas que hayan desarrollado una ludopatía, el Ejecutivo también incluye prohibiciones para los menores e incapacitados legalmente y las personas que voluntariamente hayan solicitado que se les prohíba el acceso al juego.
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