A través de un comunicado, critican que la Agencia Tributaria, en lugar de haber iniciado inspecciones de estos contribuyentes o, en su caso, haber puesto en conocimiento del juez los presuntos delitos cometidos, «ha requerido» a estas personas para que presenten declaraciones complementarias y «con ello eviten su responsabilidad penal».
De esta forma, añaden los inspectores, también se podrían evitar las sanciones administrativas y «sustituirse todo ello por un recargo que no excede del 20% de las cuantías presuntamente defraudadas»
«Escandaloso privilegio»
Para la IHE, estas actuaciones suponen un «escandaloso privilegio para unas personas que presuntamente han incumplido gravemente sus obligaciones fiscales», mientras que al resto de contribuyentes «no se les dan oportunidades adicionales de regularización, y se les impone el sistema sancionador administrativo o penal, con todo el peso de la ley».
Los inspectores señalan que si desde el Gobierno «se ha justificado, por ejemplo, el trato fiscal a las sociedades de inversión de capital variable (Sicav)», con el argumento de que el capital de estas sociedades podría irse a otros países si aumenta su gravamen, por lo mismo debería ser «especialmente duro e implacable» con estos presuntos defraudadores.
Por otra parte, el banco privado HSBC Suiza reconoció ayer que clientes españoles «preocupados y molestos» han llamado en los últimos días, después de que hayan recibido cartas de la Agencia Tributaria española en las que se les insta a aclarar la situación de sus cuentas bancarias en esta entidad helvética.
HSBC confirmó el pasado 12 de marzo que en el año 2006 un ex empleado de la entidad financiera sustrajo datos de unos 15.000 clientes multimillonarios de su banca privada suiza, que fueron entregados al fisco francés, que, al parecer, los ha trasmitido a las autoridades españolas.
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