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Sólo el 10% de los dos millones largos de españoles que cada año se proponen dejar de fumar, un propósito que muchas veces coincide con el arranque de un nuevo año, lo consigue de forma definitiva, según un estudio del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
En España, según la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, los fumadores representan el 27% de la población adulta, un porcentaje todavía importante pero, en cualquier caso, menor a ese 39% de hace una década.
Nadie duda de que en esa mejora sustancial ha tenido mucho que ver el empeño público y privado para convencer a la población sobre la maldad del tabaco, la primera causa evitable de enfermedad y muerte prematura en España -más de 50.000 cada año-, causante del 95% de los casos de cáncer de pulmón y del 30% de todas las cardiopatías coronarias, según no se cansa de repetir el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
Al descenso en el número de fumadores han contribuido también leyes como la que entró en vigor el 1 de enero de 2006, que prohibió fumar, entre otros lugares públicos, en los centros de trabajo. Prohibición que el Gobierno quiere endurecer en breve, haciéndola extensible a todos los locales de ocio.
Drástica y sin ayuda o de manera progresiva y con el apoyo de profesionales de la medicina o la psicología. No existen otras alternativas, a juicio del Comité Nacional, ni fórmulas mágicas para dejar de fumar, un proceso personal no exento de dificultades que «todos, absolutamente todos», pueden superar con éxito.
Aunque haya, eso sí, que rascarse el bolsillo, pues la sanidad pública casi nunca financia los tratamientos.
«Es contradictorio que nos animen a dejar de fumar, que se prohíba incluso en muchos lugares, medida con la que estoy completamente de acuerdo, y luego la Sanidad pública no financie los medicamentos y otros productos (parches y chicles con nicotina) que ayudan a que el resultado final sea exitoso», argumenta el farmacéutico Jorge Fernández Lomana.
Una contradicción a sumar a la aún menos explicable de que sea ese mismo «Estado el que, por motivos exclusivamente recaudatorios, nos venda tabaco», insiste.
Fernández Lomana habla de la «utilidad» comprobada de medicamentos y productos sustitutorios de la nicotina, de su eficacia, pero advierte que «no pueden actuar por sí solos si la voluntad de quien quiere dejar de fumar no es firme».