Obispo auxiliar de Madrid y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino. g Foto: EFE | Efe

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El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Juan Antonio Martínez Camino, recordó ayer que la Constitución establece el derecho a manifestar el propio credo y dijo que, por tanto, es una conclusión errónea que «los símbolos religiosos pertenezcen al ámbito privado».
El portavoz de los obispos explicó que la Conferencia Episcopal no ha tratado de forma oficial este tema, en relación con la polémica suscitada en un instituto de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón que ha prohibido a una joven ir al centro con el velo islámico.
No obstante, insistió en que el principio general de la Constitución es que las personas e instituciones religiosas tienen derecho a manifestar las propias creencias.
Derecho constitucional
Para Martínez Camino es deseable que se resuelva este tema teniendo en cuenta todos los elementos implicados, «muchos y complejos».
A su juicio, las soluciones «técnicas» que se arbitren tienen que tener en cuenta los derechos fundamentales de todos, y en este sentido se ha referido al artículo 16.1 de la Constitución que garantiza la libertad religiosa, ideológica y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación que el mantenimiento del orden público establecido por la ley.
Por otra parte, Martínez Camino, manifestó que los casos de sacerdotes y religiosos pederastas son «escasísimos» en proporción con el número total de ministros, aunque todos «dolorosísimos y reprobables».
Camino reiteró las palabras del presidente del Episcopado, monseñor Antonio María Rouco Varela, el pasado lunes diciendo que «un solo caso ya es demasiado». «Las estadísticas no justifican el delito y pecado gravísimos».
En cualquier caso, reivindicó que «no se puede hacer uso de las estadísticas para hacer ver que dar a entender que se trata de un problema generalizado entre los sacerdotes, los religiosos y la Iglesia».
Prevenir abusos
En este sentido, añadió que la Iglesia va a aplicar las normas de la Iglesia sobre los que han abusado de niños y apostó por «prevenir y sancionar» lo que calificó como «crímenes y desmanes».
Además, dijo que la Iglesia «no tiene nada en contra, ni le molesta que se investigue» y añadió que «es algo plausible». En este sentido, dijo que las demandas contra el Papa por estos asuntos «no preocupan porque no tienen base jurídica».
Con todo, dijo que lo fundamental es que «se proteja a los menores en todos los ámbitos. «La Iglesia desea estar en primera fila en la protección de los niños en estos abusos».