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La Fiscalía del Tribunal Supremo remitió ayer un escrito insistiendo en su petición de sobreseimiento de la causa abierta al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por una presunta prevaricación cometida al investigar las desapariciones del franquismo y oponiéndose a la apertura de juicio oral. Alega que las partes personadas como acusación (Manos Limpias, Igualdad e Identidad y Falange Española y de las JONS) «carecen de legitimación procesal para instarla». Aprovecha el escrito para poner de manifiesto las contradiciones del instructor Luciano Varela, ya que en el 'caso Atutxa' se pronunció a favor de restringir la acción popular en el procedimiento contra el entonces presidente del Parlamento Vasco.
Según el Ministerio Público, el «fundamento jurídico de la acción popular no puede buscarse, ni encontrarse, en un principio de desconfianza hacia el Ministerio Fiscal» y sólo podrá ejercitarse «en los procesos que la ley determine» porque «opinar lo contrario sería tanto como afirmar que la acusación popular cuenta con mayores facultades procesales».
Por otra parte, los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que se querellaron contra Baltasar Garzón por los cobros recibidos durante su estancia en la Universidad de Nueva York, se dirigieron ayer al Tribunal Supremo para pedirle que CEPSA informe sobre los 100.000 dólares que donaron a dicha Universidad en 2005.
En su escrito tamabién señalan que por entonces CEPSA estaba participada por el Santander en un 35,9%, y que los 100.000 dólares del donativo son «una cuantía sustancialmente coincidente con los honorarios percibidos por el querellado en el período de marzo a diciembre de 2005».