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El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y de Seguridad Social con el objetivo de responder a los cambios en los tipos de fraude debido a la crisis, especialmente en lo relacionado con la economía irregular y el trabajo no declarado.
Así lo anunciaron las vicepresidentas María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, quienes destacaron que el plan incluye sesenta medidas orientadas a la prevención, a coordinar la captación de la información, a mejorar la eficacia del control sobre el fraude y a cooperar en las acciones de recaudación, con la colaboración entre los organismos públicos.
El Gobierno prevé que el plan aporte unos ingresos de 1.000 millones hasta 2013 que servirán para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas.
De la Vega señaló que con el plan se reforzará la lucha contra los paraísos fiscales y el fraude con el triple objetivo de defender un modelo social, garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas y proteger la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Responsables
La vicepresidenta primera destacó que el plan es una medida para reforzar la equidad económica y subrayó que está elaborado por la Agencia Tributaria, por la Inspección de Trabajo y por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Además, aseguró que se eliminarán trabas burocráticas y se posibilitará el acceso a las ayudas públicas a las empresas mediante un diagnóstico precoz de las irregularidades menores.
Asimismo, señaló que es un plan ambicioso, que da más información, que servirá para prevenir y ser más eficaces y eficientes en la lucha contra fraude, y también para defender «más y mejor» los derechos de los ciudadanos.
Salgado destacó que entre 2005 y 2009 el Plan de Prevención del Fraude Fiscal reportó a Hacienda 35.500 millones con la persecución de los mecanismos de fraude más complejos y sofisticados, cuya prevención es todavía más importante en tiempos de crisis.