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Otras dos comunidades gobernadas por el PP, la Valenciana y la de Murcia, se sumaron ayer a Madrid al iniciar los trámites para declarar los toros Bien de Interés Cultural (BIC), mientras el Gobierno se mostró «más partidario de la libre elección que de la imposición» en el debate sobre la prohibición de la lidia.
El Gobierno valenciano argumenta su decisión en el valor que tienen las corridas de toros como seña del pueblo valenciano y para evitar que se utilice «la fiesta nacional como un motivo más de rechazo de lo español». En este sentido, el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, anunció que esta declaración también se hará extensiva a los «bous al carrer» (festejo de toros en la calle), lo que supone que estas fiestas quedarán «protegidas».
La afición
Casi a la par que la Comunidad Valenciana, la de Murcia anunció su intención de declarar BIC la fiesta nacional, una decisión de la que informó ayer el Gobierno regional madrileño.
«La afición por la tauromaquia tiene en la Región de Murcia uno de sus feudos más consolidados, como ponen cada año de manifiesto los numerosos festejos y encierros que se desarrollan en la Comunidad Autónoma», afirmó la portavoz del Ejecutivo murciano, María Pedro Reverte.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Ejecutivo «siempre es más partidario de la libre elección que de la imposición» y que «respeta absolutamente» tanto la tramitación de la iniciativa planteada en el Parlamento de Catalunya para prohibir las corridas como las de declarar los toros BIC.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega precisó que, en cualquier caso, este asunto no está en la agenda del Gobierno en estos momentos y ha opinado que «no es razonable que un asunto de esa naturaleza sea objeto de una polémica institucional».