El Ministerio de Justicia convocó ayer a las asociaciones judiciales a una «reunión urgente» para analizar las reivindicaciones de la carrera judicial, cuyas protestas siguen sumando apoyos, como el de los jueces decanos, entre ellos el de Palma, que han suscrito un documento en el que respaldan una posible huelga. En el escrito que Justicia remitió a las cuatro asociaciones -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)-, el Ministerio apela al «espíritu de diálogo» en interés de la Administración de Justicia y de los ciudadanos.
Estas asociaciones convocaron el lunes un acto de protesta para el próximo 18 de febrero en todas las sedes judiciales y amenazaron con una huelga el 26 de junio, si en esa fecha no habían obtenido respuesta sus reclamaciones. Tras lanzar esa advertencia, los representantes de las asociaciones judiciales han acogido la convocatoria del Gobierno como una muestra de voluntad política, aunque esperan que no se reduzca a una «mera declaración de intenciones» y que el Ejecutivo responda de forma concreta a alguna de sus peticiones.
El Ministerio de Justicia anunció anoche que se reunirá con los representantes de las asociaciones judiciales el próximo día 26, según acordaron ambas partes.
Al tiempo que el Gobierno reiteraba su voluntad de diálogo, las protestas de las asociaciones obtenían el respaldo de los jueces decanos, que ayer entregaron al Consejo General del Poder Judicial sus propuestas para modernizar la Justicia. Los jueces decanos de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Málaga y Palma (Francisco Martínez Espinosa), elaboraron un documento para apoyar a las asociaciones, del que se desmarca el juez decano de Madrid, José Luis González, por considerar que las reclamaciones que salgan de las juntas de jueces del 21 de enero también deben ser apoyadas.
Entre las peticiones que consensuaron las asociaciones se encuentra la urgente instauración de la nueva Oficina Judicial, la incorporación de las nuevas tecnologías a los Juzgados, una revisión en profundidad de la actual planta judicial y una revisión salarial. Este último punto ha sido el más cuestionado por el Ejecutivo por considerarlo «excesivo» en tiempos de crisis, teniendo en cuenta además que el sueldo de los jueces se incrementó un 5% en las dotaciones presupuestarias de 2009.
Desde el CGPJ, su portavoz, Gabriela Bravo, reiteró que el órgano de gobierno de los jueces no va a entrar en el debate sobre si los jueces tienen derecho a huelga, aunque considera que éste no es el cauce más adecuado para realizar sus reivindicaciones.
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