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Bruselas quiere explicaciones inmediatas sobre los movimientos del Gobierno español frente a la OPA de Endesa. Por ello la Comisión Europea ha decidido denegar al Ejecutivo la prórroga de nueve días que solicitó para responder a las objeciones comunitarias sobre el decreto-ley que amplió las funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

El pasado lunes, el ministro de Industria, José Montilla, anunció en Bruselas que el Gobierno español había pedido «unos días más» a la CE para responder a su petición de información. Ahora parece que los plazos ya se han cerrado y la Comisión no encuentra ningún motivo para justificar la petición de ampliación de plazo realizada por España por lo que no admite alargar el plazo que concluyó ayer. La negativa de Bruselas fue comunicada a través de una carta del director general de Mercado Interior de la CE, Alexander Schaub, al embajador de España ante la UE, Carlos Bastarreche.

La vicepresidenta Fernández de la Vega dijo ayer que lo hará pero no antes de que el Congreso convalide el Real Decreto que envió el Gobierno, es decir, a partir del próximo jueves.

El Ejecutivo comunitario considera que la nueva normativa, aprobada tras conocerse la OPA de E.ON sobre Endesa, puede crear «obstáculos al libre establecimiento y a la libre circulación de capitales», y hacer menos atractivo el ejercicio de esos derechos.

España pidió nueve días para responder a la petición de información, basándose en «la complejidad del expediente» y a que la empresa que ha lanzado la OPA de 29.100 millones de euros sobre Endesa es una sociedad instrumental de E.ON con un capital social de sólo 25.000 euros que se constituyó el 23 de enero.

Sin embargo, «los argumentos españoles no fueron convincentes» para los responsables comunitarios. El portavoz europeo de Mercado Interior, Oliver Drewes, asegura que la Comisión reconoce que se trata de «un caso complejo», pero destacó que si se dio a España un plazo corto para responder fue por «la urgencia del asunto, que es de la mayor importancia».

María Teresa Fernández de la Vega señaló ayer que el Gobierno responderá a la Comisión «cuando los procedimientos internos nos lo permitan, pues del mismo modo que el Ejecutivo respeta los procedimientos comunitarios espera una comprensión similar». Esa puntualización significa que la información completa podría ser remitida a la CE a partir de la semana que empieza el lunes 27 de marzo.