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La explosión en la madrugada del domingo de un artefacto en la empresa Angulas Aguinaga, en la localidad guipuzcoana de Irura recibió ayer el rechazo de todos los partidos democráticos que consideran que con estas bombas se traiciona los derechos de la sociedad vasca que clama la paz. Los principales líderes políticos consideran que estos actos son incompatibles con la resolución del conflicto vasco y piden a la organización terrorista ETA que declare el cese definitivos de la violencia.

La deflagración causó numerosos daños materiales, aún por cuantificar. Artificieros de la Ertzaintza buscaron en el lugar de los hechos restos de explosivos para determinar la composición de la bomba.

El Gobierno vasco condenó ayer en un comunicado el atentado contra la empresa vasca y pidió a la sociedad que no considere como un hecho menor o cotidiano la «reiterada oleada de bombas y amenazas» de la banda terrorista.

En su opinión, la autoría de este atentado, como el de los registrados en semanas anteriores, «no ofrece dudas». «ETA ha planificado y decidido cometer esta acción terrorista. Nuevamente se convierte en noticia con un lenguaje revestido de violencia, chantaje, extorsión y amenaza», añadió.

El Ejecutivo vasco lamenta que «nuevamente la violencia y las bombas empañen y ocupen el universo de la expresión democrática de las ideas y de los Derechos Civiles y Políticos» y denunció que «es un engaño afirmar que la sociedad vasca tiene derecho a expresarse democráticamente y, al mismo tiempo, traicionar ese derecho mediante bombas, amenazas y chantajes».

A este respecto al Partido Popular ha solicitado a los empresarios vascos que no «sucumban al chantaje» y que unan sus fuerzas frente a ETA sin «otorgarles ningún valor político ni darles esperanzas de acuerdos ni negociaciones por su actividad criminal».