El ministro del Interior, Mariano Rajoy, advierte de que a pesar de
los últimos golpes policiales «ETA todavía tiene capacidad de
matar» y «posibilidades operativas» y califica de «positivas» las
últimas actuaciones del Gobierno vasco en materia antiterrorista.
Rajoy afirma que las últimas reuniones de coordinación policial han
sido «provechosas» y confía en que tanto la Ertzaintza como las
Fuerzas de Seguridad del Estado mantengan una «actitud
constructiva» para devolver la normalidad a las calles del País
Vasco.
Al ministro del Interior no le preocupan las últimas
declaraciones del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, en las que
cuestionaba la colaboración policial en la lucha contra ETA, ya
que, según afirma, mantiene una buena relación con la Consejería de
Interior, «que lógicamente tiene el respaldo del lehendakari». El
conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, Xavier Pomés,
consideró que «se está entrando en una nueva etapa» en materia
antiterrorista y que confía en que ésta sea «más fructufera». Pomés
también defendió las declaraciones de Rajoy en las ponía de
manifiesto que existen vínculos entre ETA y el movimiento
okupa.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón destacó por su
parte la importancia de la colaboración entre las Fuerzas de
Seguridad del Estado (FSE) y las policías autonómicas para acabar
con ETA. El magistrado consideró que, si funciona esta coordinación
entre policías, «está garantizado el éxito» en la lucha contra la
banda. Garzón resaltó la importancia de que «este engranaje en
materia policial funcione como debe» para que se obtengan
resultados eficaces en la lucha contra ETA, al tiempo que resaltó
la necesidad de la cooperación internacional para avanzar en este
frente.
El juez declaró que, si funciona la colaboración entre policía,
Guardia Civil y Ertzaintza «está más que garantizado» un aumento de
efectividad y de posibilidades de éxito frente a ETA y otros
fenómenos criminales más complejos. Garzón, ademas, consideró
«suficientes» y «adecuadas» las actuales penas con las que se
castigan los delitos de terrorismo y se mostró «visceralmente»
contrario, en cualquier caso, a la cadena perpetua y a la pena de
muerte.
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