El PSOE teme la aplicación de juicios rápidos a los inmigrantes

Jueces y fiscales consideran positivo su uso para expulsar a los delincuentes ilegales

| Madrid |

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Trillo comprueba el punto de los michirones que él mismo preparó para invitar a la prensa.

Trillo comprueba el punto de los michirones que él mismo preparó para invitar a la prensa.

El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, respaldó ayer los juicios rápidos argumentando que precisamente uno de los propósitos del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia es combatir su lentitud. Acto seguido, aclaró que esta clase de juicios no deben aplicarse con carácter discriminatorio, sino con carácter general, a todos los delicuentes que hayan cometido delitos que no revistan especial gravedad y en los que la pena no sea superior a los cinco años.

López Aguilar también criticó a Mariano Rajoy porque ahora presenta como «novedosa» esta medida que está incluida en el ordenamiento jurídico desde el año 1992. Por lo que insistió en que los delitos no muy complejos, con simplicidad en el supuesto hecho y en los que la «dilucidación es muy evidente y no necesitan instrucción de sumario, el juicio rápido ya es posible en España desde hace casi diez años». Desde las asociaciones de la magistratura se puntualizan algunos aspectos. La APM calificó la medida de muy positiva porque con ella se evitaría que la vía judical sea «un burladero» para evitar la expulsión de una persona.

José Luis González Armengol, de la asociación Francisco de Vitoria apoyó la creación de los juicios rápidos, «siempre y cuando la pena no sea muy grave, porque se ha detectado que existe un núcleo de inmigrantes cuyo objetivo en España no es la búsqueda y consecución de trabajo sino la práctica de actuaciones delictuales».

CC OO y UGT exigieron que los juicios rápidos se tienen que aplicar por igual a todo tipo de sujetos delincuentes. UGT mantiene que «no se puede juzgar el función del sujeto, sino en función del delito que haya cometido». En el mismo sentido se pronunció Comisiones Obreras, que calificó de injusto el hecho de que se aplique un procedimiento rápido sólo al colectivo de inmigrantes indocumentados.

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