ERNE, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, ha remitido a los
grupos políticos del Parlamento vasco un informe sobre la «kale
borroka» en el que asegura que los grupos organizados que la
practican forman parte de ETA. «Están directamente vinculados a la
acción terrorista, son coincidentes en los mismos fines de opresión
y utilizan medios complementarios», asegura el citado informe,
publicado ayer por «El Correo». El sindicato asegura que la
dirección de la guerrilla urbana en el País Vasco tiene un «núcleo
central» formado por «tres o cuatro personas» de adoctrinamiento
extremista, captados en el entorno ideológico de ETA.
En este documento, crítico con la forma en que actualmente se
encara la violencia callejera, ERNE propone diversas medidas al
tiempo que «censura la impunidad de la que gozan los autores de los
actos vandálicos».Para hacer frente a esta situación, defiende la
adopción de medidas que van «desde la mejora de los servicios de
investigación de la Ertzaintza, con la creación de fiscalías
especializadas en la violencia callejera, hasta la coordinación
'leal' con las policías locales y las FSE o el reciclaje de los
agentes». El informe sostiene que uno de los objetivos de la «kale
borroka» es ofrecer «una imagen de debilidad institucional ante el
fracaso de su control», por lo que sus autores «buscan mermar la
autoridad institucional y por eso, uno de sus objetivos
prioritarios es atacar a la Policía».
La respuesta de partidos y asociaciones judiciales se ha
centrado en la Fiscalía especial, que coinciden en rechazar. El
secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE,
Juan Fernando López Aguilar, aseguro que «ahora no es necesaria»,
debido a que «parece claro que la Fiscalía de la Audiencia Nacional
y los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional son el marco
operativo desde el que se puede dar respuesta a los fenómenos de la
'kale borroka' que sean manifestaciones de terrorismo».
Tanto el presidente como el vicepresidente de la APM, Santiago
Martínez-Vares y José Luis Requero, respectivamente, rechazaron
esta medida, y consideraron que ese es precisamente el cometido de
la Audiencia Nacional. Mientras, el secretario general de EA, Gorka
Knörr, defendió el plan de actuación contra la 'kale borroka'
diseñado por el consejero de Interior, Javier Balza, y denunció la
campaña del Ministerio de Interior para «denigrar» a la Ertzaintza,
al tiempo que criticó el informe elaborado por ERNE y que aseguró
desconocer.
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