El Govern pone sobre la mesa 15 millones para tirar hoteles y edificios obsoletos

Los ayuntamientos podrán acogerse a esta ayuda, que será financiada con la ecotasa

Hoteles y turistas en la Platja de Palma | Foto: P. Bota

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El Govern pone sobre la mesa un total de 15 millones de euros para que los ayuntamientos de las Islas compren inmuebles privados en zonas turísticas ya sea para su reconversión o para su demolición con el fin de esponjar la zona y eliminar plazas turísticas obsoletas. El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publicaba ayer un cambio en el plan de subvenciones del Govern para incorporar estos 15 millones de euros y ponerlos a disposición de los municipios. La convocatoria no es solo para comprar hoteles, sino cualquier tipo de inmuebles en zonas turísticas.

La intención del Govern es apoyar la reconversión de zonas que puedan estar degradadas en el marco de proyectos sostenibles. Se persigue rebajar la densidad de algunas zonas turísticas en las que se construyó sin criterios ambientales durante los años del ‘boom’ turístico. Además, el propósito de esta convocatorias de ayudas es regenerar y renaturalizar áreas urbanas altamente saturadas por el turismo, además de contribuir a la mitigación del cambio climático.

La convocatoria, que se publicará entre octubre y noviembre este año, pretende también reducir el número de plazas turísticas de alojamiento. Las plazas de aquellos establecimientos que lleven tres años sin actividad no se incorporarán a la bolsa de intercambio, por lo que desaparecerán en caso de que el edificio desaparezca.

Fuentes del Govern detallan también que se busca promover políticas de economía social y, en última instancia, mejorar la competitividad del destino turístico balear. «Se trata de una medida alineada con la transformación del modelo turístico actual hacia uno más equilibrado, sostenible y resiliente», aseguran estas fuentes.

Los proyectos subvencionables deberán centrarse en acciones como la regeneración de entornos urbanos, la recuperación de espacios naturales o la reconversión de inmuebles con fines sociales. La presentación de solicitudes podrá realizarse en un plazo máximo de dos meses desde la publicación de la convocatoria, que será probablemente en octubre, y la resolución deberá llegar antes de seis meses tras el cierre del plazo. Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse en un periodo no superior a 18 meses.

El Ejecutivo asegura que se trata de una medida pensada para afrontar «retos derivados de la masificación turística», como la pérdida de calidad de vida de los residentes o el aumento de las emisiones contaminantes y otras medidas.