La izquierda acusa al Consell de hipocresía por aplicar la amnistía urbana y celebrar la protección de la Serra

PSIB y Més no irán al acto de este jueves en Raixa por los 14 años de Patrimonio de la Unesco para denunciar esta situación que «crea un precedente nefasto»

Imagen de la costa norte en la Serra de Tramuntana | Foto: Redacción Local

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El PSIB y Més acusan al pacto de PP y Vox en el Consell de Mallorca de hipocresía el hecho de aplicar la amnistía urbanística en la Serra de Tramuntana y celebrar este jueves en Raixa los 14 años de la declaración como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. De hecho, ambos partidos darán plantón y no asistirán al acto de esta tarde. «Galmés hace hoy un acto de blanqueamiento y de hipocresía, cuando está siendo cómplice de la barbaridad de permitir una amnistía urbanística que pone en peligro la declaración de patrimonio», ha afirmado la portavoz socialista, Catalina Cladera.

«Prohens y Galmés no pueden dar hoy mensajes de belleza y protección del patrimonio cuando han reducido la Serra a una simple moneda de cambio con la ultraderecha de Vox para conservar el poder», ha añadido la socialista. La amnistía urbanística a la que se refieren se incluye en la ley de liberalización de suelo que ahora se ampliará a la Serra a las construcciones ilegales construidas antes del año 1991, cuando se aprobó la Ley de Espacios Naturales.

La normativa, impulsada por PP y Vox, previa liberalizar el suelo en Palma con la agilización de la urbanización para construir unas 20.000 viviendas en los próximos años. Se hará en Palma, pero también se extenderá a los municipios de más de 10.000 habitantes si así lo quiere el Ayuntamiento respectivo. Solo afectaba a suelos urbanos y urbanizables. El 50 % de las viviendas deben ser a precio tasado. A petición de Vox, sin embargo, la liberalización se extenderá a las Áreas de Transición de los municipios de más de 20.000 habitantes: Palma, Calvià, Manacor, Marratxí, Inca, Llucmajor y Alcúdia. En un principio se anunció que solo se podría urbanizar en rústico una vez agotada el urbano y urbanizable. El 100 % de las viviendas tienen que ser a precio tasado, con excepciones.

«Tsunami constructor»

Para los socialistas esto supone un «tsunami constructor impulsado con la excusa de la emergencia habitacional que vivimos, pero que en realidad sirve para dar manga amplia a la construcción de edificaciones que no serán accesibles para gran parte de la población residente que necesita un lugar en Mallorca para poder vivir dignamente». Esto, para Cladera, tendrá una víctima: «En la Agència de Defensa del Territori perderá autoridad para ordenar el derribo de edificaciones ilegales si en Mallorca se empieza a permitir todo, después de estar haciendo un trabajo extraordinario durante estos años para garantizar la legalidad en materia urbanística».

Desde Més, y también para los socialistas, la amnistía urbanística no sólo vulnera los principios básicos de la ordenación territorial, sino que abre la puerta a la degradación de un espacio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. «Si permitimos esta amnistía, establecemos un precedente nefasto: que vulnerar la ley puede salir gratis si esperas tiempo suficiente», alertan los ecosoberanistas.

«Se enviará el mensaje de que construir de forma ilegal en suelo rústico es una opción rentable. Esto agravará la presión urbanística, incrementará el tráfico en caminos y carreteras locales y dificultará aún más el acceso a la vivienda para la población residente, ya que muchas de estas construcciones podrían acabar destinadas al alquiler turístico», según han insistido desde Més.

«No se construirá ni un palmo más»

«Ya lo hemos dicho y lo repetiremos tantas veces como haga falta: no se construirá ni un palmo más en la Serra», ha respondido antes las críticas de la izquierda la portavoz del PP en el Consell, Núria Riera. El único objetivo, según el PP, es «igualar los derechos de los vecinos de la Serra» con los amnistiados en el resto de Mallorca, y dar solución «a muchas familias afectadas por edificaciones que no se pueden ni derribar ni regularizar de ninguna manera». «Con esta propuesta ofrecemos una salida a situaciones enquistadas desde hace décadas, sin poner en riesgo el patrimonio natural», ha considerado la 'popular'.