Cerca de 400 pisos del ‘banco malo’ en Baleares pasarán a ser de alquiler social

El Gobierno ha perimetrado hasta 40.000 viviendas y 2.400 suelos con potencial para 55.000 viviendas que la SAREB transmitirá a Patrimonio Nacional, y que posteriormente se incorporarán a la nueva empresa pública de vivienda anunciada por el presidente Pedro Sánchez. La SAREB tiene en estos momentos en las Islas 425 viviendas en propiedad repartidas por casi todos los municipios de Baleares. Además tiene 390 unidades más en curso y 56 terrenos disponibles para su edificación, junto con otros activos, como oficinas o aparcamientos.

Las fuentes consultadas aseguran que buena parte de los inmuebles se encontrarían dentro de los requisitos que ha marcado el Gobierno para hacerse con el control de estas viviendas, aunque será necesario analizar caso por caso la situación de esos 425 inmuebles en las Islas. Las condiciones fijadas por el Ministerio señalan que los pisos deberán estar situadas en municipios con población de más de 5.000 habitantes o con más de 1.000 si han tenido un crecimiento poblacional de más del 5 % en los últimos diez años.

Estas dos condiciones permiten incorporar a casi todos los municipios. Los inmuebles deberán tener una superficie útil de hasta 85 metros, ampliables en función del valor de tasación de la vivienda. Las viviendas no deben presentar patologías estructurales y tendrán condiciones de habitabilidad adecuadas. Estos criterios no se exigirán en el caso de viviendas con un contrato de alquiler social en vigor. En ese caso, la responsabilidad institucional y social queda en manos del Ministerio.

En el caso del traspaso de solares de la SAREB al Gobierno, esos 56 en Baleares, también deben estar en municipios de más de 5.000 habitantes. Los suelos deberán contar con una superficie superior a 150 metros cuadrados; tendrán calificación de uso global residencial plurifamiliar o colectiva; y tendrán que poder albergar promociones de 30 o más viviendas. Además de los activos de la SAREB, el Gobierno también ha analizado de forma exhaustiva la viabilidad de los solares ofertados por Defensa, para dar prioridad a la adquisición de aquellos que están disponibles para su desarrollo inmediato, algo que ya se hizo hace unos meses con Son Busquets, por ejemplo.

Es el segundo intento del Gobierno por hacerse con el control de los pisos de la SAREB. En 2023 justo antes de las elecciones autonómicas, el presidente propuso un ambicioso plan a las comunidades autónomas para hacerse con la propiedad de otros 50.000 inmuebles. Pero de la propuesta inicial se comprobó con posterioridad que 14.000 ya estaban siendo habitados por personas en situación de vulnerabilidad y otros 15.000 se construirían conjuntamente con el sector privado.

Unos 21.000 debían traspasarse a las comunidades autónomas y en Baleares se calculó que había unos 120 que cumplían las condiciones. Entre otras exigencias, las viviendas no debían estar ocupadas y debían tener condiciones de habitabilidad pero aquel plan quedó paralizado.