Vox pide prohibir el uso de indumentaria islámica en todos los espacios públicos

Exige en el Parlament que el Govern no permita esta ropa en oficinas, colegios y hospitales

Mujeres musulmanas durante la celebración de la fiesta del cordero en Palma | Foto: P. Bota

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Vox ha presentado una propuesta en el Parlament para reclamar al Govern que prohiba el uso del velo islámico y «de cualquier otro atuendo o vestimenta islámica», en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública de Baleares, lo que incluye centros educativos, universidades, centros sanitarios, instalaciones deportivas, dependencias administrativas y demás espacios públicos, tanto abiertos como cerrados. Vox cree que esta indumentaria es contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y además es «incompatible» con la identidad, cultura, usos, modos y costumbres de Baleares.

La propuesta que ha registrado Vox también persigue que el Parlament declare que el velo islámico, «así como cualquier otro atuendo o vestimenta islámica», entre las que menciona el burka, niqab el hiyab o similares, «constituyen una forma de opresión y sumisión que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres».

La formación de extrema derecha también quiere que el Parlament pida al Gobierno el endurecimiento de las penas «para castigar las prácticas islámicas que vulneren la dignidad de la mujer o sean contrarias a la identidad, cultura, usos y costumbres de España. Estas sanciones deben poder incluir la posibilidad de suspender o denegar los procedimientos de obtención de la nacionalidad española «a quienes obliguen, de forma directa o indirecta, a cualquier mujer o niña a vestir dichas prendas».

La propuesta de Vox critica las «nefastas políticas multiculturales» promovidas durante décadas por el «consenso progre» y asegura que la consecuencia ha sido una masiva llegada de inmigración ilegal, que ha provocado «el deterioro de la convivencia» en numerosos barrios de nuestras ciudades y la pérdida progresiva de la identidad cultural.

«La saturación de los servicios públicos, la inseguridad ciudadana y el establecimiento de sociedades paralelas ajenas a nuestras normas jurídicas y valores sociales son ya realidades constatables en muchos municipios de nuestro archipiélago», insiste el partido ultra en su propuesta presentada al Parlament. La proposición deberá votarse en una comisión parlamentaria en el próximo periodo de sesiones.