Este retroceso es especialmente acusado en materia económica y también en su ordenación del sistema. Solo mejora su cobertura efectiva de prestaciones y servicios, según el informe anual 'Índice de desarrollo de los servicios sociales', publicado este lunes por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
Los tres indicadores de relevancia económica de los servicios sociales en Baleares empeoran, y siguen por debajo de la media estatal. En gasto por habitante y año, las Administraciones Públicas de Baleares (CAIB, consells y ayuntamientos) se redujo en 56,2 € en 2023 respecto a 2022 (-11,9 %), pasando de 472,2 € a 416 €. La media estatal en 2023 fue de 548,1 €.
El porcentaje que representa este gasto en servicios sociales sobre el presupuesto total de las Administraciones Públicas también disminuyó, pasando de 8,7 % en 2022 a 7,4 % en 2023 (con un descenso de 1,29 puntos). La media estatal fue en 2023 del 10,2 %.
Además Baleares ha reducido de manera significativa el porcentaje que representa el gasto público en servicios sociales sobre el PIB del territorio, pasando del 2,08 % en 2020 al 1,83 % en 2021, al 1,57 % en 2022 y al 1,2 % en 2023.
Las islas acumulan una reducción de 0,88 puntos porcentuales sobre el PIB en tres años. Se sitúan muy por debajo de la media estatal, que en 2023 fue el 1,76 %.
Baleares destaca positivamente en cobertura de acogimientos familiares de menores y en servicios para personas con discapacidad pero está por debajo de la media nacional en atención a domicilio, residencias y Renta Mínima de Inserción.
Con un 53 % de acogimientos familiares de menores en los sistemas de protección, frente al 47,8 % de media estatal, Baleares destaca, si bien el porcentaje de acogimientos lleva descendiendo en las islas de manera continuada desde 2015, desde el 68,6 % que alcanzó ese año.
Baleares también destaca con una cobertura de 2,07 plazas residenciales por cada 100 personas con discapacidad (1,72 de media estatal) y sobre todo con 5,97 plazas de atención diurna o residencial, por 3,13 de media estatal.
En cuanto a las plazas de acogida para víctimas de violencia de género, con 22,5 por cada 100 mujeres con orden de protección, también está por encima de la media estatal de 18,34.
En cuanto a los déficit que señala el informe, el servicio de ayuda a domicilio tiene una cobertura del 6,3 % en Baleares frente al 11,5 % de media estatal; y las plazas residenciales de financiación pública son 4,26 por cada 100 personas mayores de 75 años, frente a la media estatal de 5,89.
El 3,3 % de la población bajo el umbral de la pobreza recibe Rentas Mínimas de Inserción en Baleares, la mitad de la media estatal (6,6 %).
A nivel nacional, los resultados del Índice DEC en 2024 siguen manifestando el escaso desarrollo y evolución de los servicios sociales domiciliarios (ayuda a domicilio y teleasistencia) o complementarios del domicilio (Centros de Día), lo que requiere un importante compromiso económico para avanzar en la desinstitucionalización.
En materia económica, las administraciones gastaron 548,1 € en servicios sociales por habitante en 2023, un 7 % más, con 36,1 € de aumento; destinaron un 10,25 % del presupuesto; y un 1,76 % del PIB, tras alcanzar su máximo nivel en 2022, cuando representaba el 1,88 %.
La cobertura del servicio de ayuda a domicilio apenas ha variado un punto desde 2010, del 4,7 % al 5,7 % de personas mayores de 65 años. Su intensidad es también muy baja, con una media de 21,1 horas mensuales, sólo 4,2 más que en 2010.
La cobertura de centros de día muestra una escasa o nula evolución desde 2010, aunque en el último año muestra un repunte por primera vez, pasando de 0,7 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años a 1,10, a pesar de lo cual sigue siendo un servicio de cobertura muy limitada.
La teleasistencia se sitúa en el 11,1 % de los mayores de 65 años, pero en 2024 siguen faltando 709.234 personas para alcanzar la cobertura del 100 %.
La prestación económica para cuidados en el entorno familiar la percibe el 41,9 % de beneficiarios, con un importe medio mensual de 264,11 euros, insuficiente para que quienes asumen el cuidado en casa de personas que necesitan apoyo en su vida diaria
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