Reportaje

La historia de los primeros objetores de conciencia: «Me negué a ponerme el uniforme y coger un arma»

Testigos de Jehová y activistas cuentan su experiencia sorteando el servicio militar

Faustino Molina, José Luis Pérez y Juan Aragonés | Foto: Alejandro Sepúlveda

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Hace cerca de un cuarto de siglo que se levantó la obligatoriedad del servicio militar en España, coloquialmente conocido como la mili. Hasta entonces los hombres mayores de 18 años eran llamados a filas para realizar este servicio; sin embargo, algunos se resistían a ello, los llamados objetores de conciencia.

La objeción de conciencia es un derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los principios morales o religiosos. Un derecho al que se acogieron muchos testigos de Jehová y más tarde, otros hombres, religiosos o no. En Mallorca, el primer testigo de Jehová del que se tiene constancia fue objetor de conciencia fue Antonio Mengual; encarcelado 15 años por negarse a hacer el servicio. Después, otros siguieron sus pasos.

A José Luis Pérez, testigo de Jehová andaluz afincado en Mallorca, lo llamaron para hacer el servicio en 1967. Se presentó en San Fernando, Cádiz. «Me negué a ponerme el uniforme y coger un arma. En aquella época la objeción de conciencia era algo que sonaba a chino», dice. Lo encarcelaron y le abrieron una causa por desobediencia militar. Estuvo un año en la prisión de San Fernando. Al salir, lo volvieron a llamar a filas y se volvió a negar. Lo condenaron a tres años y un día más por el mismo delito.

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José Luis, en el centro, en 1970, en la prisión de Cartagena.

En el segundo cautiverio lo trasladaron de prisión varias veces hasta acabar en Cartagena. Después lo mandaron al Sáhara, donde se negó por tercera vez a hacer el servicio. Otros seis años y un día más de cárcel; sin embargo, en 1974 logró salir gracias al indulto de tres años que se concedió en España a los objetores de conciencia. Una liberación que le permitió empezar una vida con su mujer, Ángela, una mallorquina con la que tuvo que casarse encarcelado en el Castillo de Santa Catalina, Cádiz, cuando aún cumplía condena un año antes.

Juan Aragonés también es testigo de Jehová y objetor de conciencia. En su caso le llamaron a filas cuando aún era estudiante y pudo sortear presentarse con prórrogas, hasta que éstas se acabaron. «Estaba en Menorca y me llegó la notificación para presentarme en Castellón», explica. Lo llevaron al cuartel general de Cartagena y ahí se negó también a ponerse el uniforme. Lo enjuiciaron y condenaron a cuatro años, ocho meses y un día de prisión. Tuvo la suerte de que ya corría el año 1974 y que al año siguiente entró en vigor la ley que marcaba como máximo seis años de cárcel por ser objetor de conciencia.

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José Luis y su mujer Ángela, casándose en Castillo de Santa Catalina, Cádiz.

El indulto llegó en noviembre del 75, cuando le quitaron tres años de pena. Continuó en prisión hasta julio del 76, cuando ya había entrado en vigor la amnistía que concedió Juan Carlos I por delitos de carácter político y de opinión. «Entre la década de los 50 y los 70 hubo alrededor de 1.000 jóvenes testigos de Jehová que objetaron el servicio militar», apunta el portavoz del colectivo religioso en Mallorca, Faustino Molina. A él lo llamaron a filas en el 84, una época en la que «no sabían muy bien qué hacer con los objetores». Tuvo que ir hasta Cartagena a declararse objetor y tras varios días sin saber qué hacer con él, le dejaron volver a Palma.

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Juan Aragonés, con 27 años en la prisión de Cartagena.

En 1978 se aprobó y reconoció el derecho a la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria. Sin embargo, algunos se negaban a realizar el servicio y la prestación sustitutoria, los conocidos como insumisos. Tomeu Martí fue uno de los insumisos más conocidos en Mallorca. Le tocaba incorporarse en el 88 y se declaró objetor de conciencia. Al cabo de unos años le citaron para realizar la prestación social y se declaró insumiso. «Mi caso fue especial, porque se dilató mucho en el tiempo, en parte por la cuestión lingüística, ya que las declaraciones las hacía en catalán», cuenta Martí.

Pidieron por su caso cuatro años de cárcel, por lo que se creó una plataforma de apoyo para evitar que ingresara en prisión. En primera instancia lo condenaron a ocho años de inhabilitación y una multa de 365.000 pesetas. Finalmente, el Tribunal Supremo se acogió a una cuestión técnica y lo absolvió. El caso de Guillem Morla también fue muy sonado. Lo llamaron a filas en 1996, pero desde que tenía 16 años tenía claro que sería objetor de conciencia. Meditándolo acabó por declararse insumiso: «Fui el primero al que le afectó el endurecimiento de las por insumisión en Balears», relata.

Con el cambio de normativa la pena por insumiso pasó de uno a dos años y con un año de condena sí se entraba en prisión. Se convocaron manifestaciones y protestas por su caso y removió mucho a la sociedad, que se posicionó de su lado. «No llegué a entrar porque mi abogado no consintió no llegar a todos los estamentos legales. Insistió mucho en apelar y en entrar en el fondo de la cuestión; en el componente de denuncia social pacifista», recuerda.