Un juzgado desestima una reclamación de 4 millones de euros por un parto prematuro en Palma

La aseguradora, representada por la abogada Marta Rosell, defendía tanto su actuación como la de la clínica. La sentencia rechaza el pago de la indemnización por un motivo doble: en primer lugar porque considera que la actuación médica fue ajustada y, en segundo porque la empresa aseguradora no es responsable del tratamiento médico. La familia actuó judicialmente contra la sociedad con la que tenía suscrito un seguro de asistencia sanitaria y la sentencia señala que la obligación que tenía era prestar la asistencia, no regular cómo se tenía que llevar a cabo o controlar la actuación de los médicos.

Sobre el tratamiento, la resolución valora que «las actuaciones de los profesionales implicados fueron correctas, acordes a los protocolos sin que haya evidencia de actuación negligente». Valora que la reacción ante un parto muy prematuro, en la semana 28, fue correcta y que logró retrasar el alumbramiento dos semanas. También las demás actuaciones llevadas a cabo por los médicos. Se basa en las periciales presentadas por la clínica y el seguro y descarta el criterio de los facultativos que respaldaban las tesis de la familia y que sí apreciaban la existencia de una negligencia médica.

Pese a la intervención médica, el bebé arrastra graves secuelas que implican una elevada dependencia, lo que justifica la elevada petición económica de la familia. La resolución puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.