El rector de la UIB recuerda a PP y Vox que tienen el mandato de proteger, promover y garantizar la normalización del catalán

Discurso del rector, imagen de archivo | Foto: Redacción Digital

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El rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, ha recordado este viernes, en relación al pacto suscrito la pasada semana por PP y Vox para la aprobación de los Presupuestos autonómicos, que los poderes públicos «tienen el mandato estatutario de proteger, promover y garantizar la normalización del catalán».

En un comunicado firmado por el propio rector, insiste en que es esencial que las políticas públicas respeten los valores democráticos, los derechos humanos y los rasgos fundamentales de la identidad colectiva, entre los cuales la lengua ocupa un lugar central. Carot ha justificado la difusión de su posicionamiento en el hecho de que el Estatut d'Autonomia establece que la UIB es la institución oficial consultiva en materia de lengua, lo que motivaría trasladar las diferentes consideraciones.

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Entre ellas, Carot ha calificado como «imprescindible» continuar impulsando y consolidando aquellas medidas que, a lo largo de más de cuatro décadas de autogobierno, han sido fruto de un amplio consenso social y político.

En este punto, ha destacado el modelo educativo vigente, el uso del catalán en la Administración pública y la garantía de que toda la ciudadanía pueda ser atendida en catalán en el archipiélago. «Desde una perspectiva científica y pedagógica, es un hecho constatado que las lenguas se aprenden normativamente en la escuela. Las lenguas son sistemas vivos, ricos y diversos, con variación social, dialectal, funcional y cronológica. Incorporan neologismos y evolucionan con el tiempo».

«El sistema educativo tiene como objetivo formar hablantes competentes, capaces de usar la lengua con corrección, adecuación y dominio de los diferentes registros y estilos», ha considerado. Carot ha concluido señalando que la UIB seguirá trabajando con el Govern y las instituciones para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente, así como para defender los principios y «valores que definen como sociedad democrática, plural y respetuosa con su lengua propia».