La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha justificado la necesidad del pacto presupuestario alcanzado la semana pasada con Vox para poder cumplir con el acuerdo de legislatura alcanzado con los sindicatos, en virtud del cual se actualiza el complemento de insularidad y se devuelve las subidas salariales congeladas por el anterior Ejecutivo a los funcionarios autonómicos. Lo ha dicho este jueves durante su intervención en el II Congreso ordinario de la federación de Servicios Públicos de UGT Baleares, en el que Miguel Ángel Romero ha sido reelegido como secretario general con el respaldo del 98 por ciento de los votos.
La presidenta autonómica ha reafirmado el compromiso de su Govern con el diálogo social y los servicios públicos del archipiélago, algo que ha considerado que se demostró con el pacto de legislatura con las organizaciones sindicales firmado el pasado abril tras meses de negociaciones. El documento rubricado contempla, en términos generales, la recuperación del 2,9 por ciento de incremento salarial que les fue congelado a los funcionarios de la administración autonómica durante la pasada legislatura, la actualización del plus de insularidad y varias mejoras de las condiciones laborales. Medidas, todas ellas, para las que se prevé destinar unos 240 millones de euros hasta 2028.
Prohens ha señalado que para cumplir con estos compromisos adquiridos era «indispensable» llegar a un acuerdo -en este caso, con Vox- que permitiera al Ejecutivo disponer de unos presupuestos autonómicos para 2025. Las nuevas cuentas, que previsiblemente serán aprobadas por el Parlament la segunda semana de julio, destinarán «más recursos que nunca» -unos 200 millones de euros- a los servicios públicos de Baleares, ha subrayado. «Para que los compromisos y la firma del pacto no quede en papel mojado se necesita un esfuerzo económico que es de justicia y que merecéis», ha incidido. La presidenta regional ha celebrado que, de esta manera, el Govern también ha podido esquivar las enmiendas presentadas por el PSIB a la ley de polígonos industriales -que fueron incorporadas al articulado con el apoyo de Vox- que establecían nuevas normas de control presupuestario y que en la práctica hubieran supuesto «bloquear» unos 400 millones de euros.
De salir adelante estas enmiendas, ha asegurado, los «recortes en servicios públicos esenciales y en los compromisos con los trabajadores públicos» hubieran sido inevitables. Prohens, además de reivindicar el trabajo «muchas veces injustamente señalado y criminalizado» de los funcionarios, se ha comprometido a garantizar que todas las plantillas estén correctamente cubiertas para poder atender las necesidades de la ciudadanía. «Pondremos todas las medidas que hagan falta para cubrir todas las plantillas, especialmente en los lugares de más difícil cobertura», ha apuntado la presidenta, quien también ha tenido la mano a los sindicatos para «seguir llegando a acuerdo» que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores. Medidas, ha incidido, como el incremento del plus de insularidad que ahora reclaman los funcionarios de la administración general del Estado que prestan servicio en Baleares y a los que «lamentablemente» se les está «negando. Sabéis que contáis con este Govern para seguir reclamando al Gobierno», ha sentenciado.
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