La Sindicatura constata descontrol en el proceso de internalización de IB3

El informe, que ayer se entregó al Parlament balear, asegura que no puede hacer una «evidencia de auditoría» para garantizar que el proceso de internalización se ha hecho de acuerdo con la normativa legal aplicable «y que se han garantizado en todos los casos los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la provisión de los puestos de trabajo públicos». La Sindicatura ha revisado varios expedientes de contratación de trabajadores de las distintas empresas subcontratadas y ha encontrado problemas en todos. «Los órganos responsables deben tenerlo en cuenta y, en su caso, corregirlo», dice.

De los 123 expedientes analizados, en 18 no consta contrato previo ni vida laboral del trabajador que acredite la internalización, según la Sindicatura. En otros 52 expedientes no consta ningún documento contractual previo que confirme la categoría en la que se han internalizado los trabajadores. Hay 89 en los que no se han podido verificar los salarios y los complementos pagados por las empresas contratistas, en 30 no consta detalle de las funciones laborales previas ni si estas coinciden con las funciones asignadas tras la internalización y en 11 expedientes no se ha podido verificar la antigüedad del trabajador. Con todas estas carencias de información, la Sindicatura de Comptes prefiere no decir si la internalización se ha ajustado o no a la ley.

Asegura, además, que las empresas siguieron contratando personal después de que se anunciara el proceso y avisa de que, en muchos casos, ha habido una doble internalización de trabajadores. Por ejemplo, en el caso de las excedencias han terminado siendo internalizados ambos trabajadores: el contratado inicialmente que se encontraba en excedencia pero también ha quedado integrado el que le sustituyó temporalmente.

Básicamente, el resumen del informe es que no ha habido control porque IB3 encargó el proceso a una gestoría pero luego asumió todo lo que le dijo esta empresa externa sin realizar una verificación posterior. La Sindicatura cree que el problema se ha dado tanto en el equipo que inició los trabajos con Andreu Manresa como el que los continuó ya con Albert Salas al frente. También hay una velada censura a los dos gobiernos, el de Francina Armengol y el de Marga Prohens, por no haber vigilado el proceso lo suficiente desde Funció Pública.

El informe también deja otra conclusión muy relevante: el coste de personal ha aumentado un 55 % desde que los trabajadores son empleados públicos. Ha supuesto un coste añadido de 6,01 millones de euros lo que representa un aumento del 44,5 % sobre el precio de adjudicación de los contratos de servicios y un 55,7 % sobre el gasto inicial del personal internalizado sin tener en cuenta la actualización que se habría producido sobre los precios de los contratos.