«La nueva ley nacional genera preocupación por un posible caos en las costas baleares»

¿Qué está ocurriendo con la náutica recreativa en Baleares?
— En Baleares, la náutica recreativa se está enfrentando a una posible transformación debido a una propuesta de la Marina Mercante desde Madrid que busca aplicar una norma a nivel nacional. Esta norma permitiría que embarcaciones de la lista 7ª (náutica recreativa social sin ánimo de lucro) puedan ser explotadas comercialmente, lo que genera preocupación por un posible caos en las costas baleares, masificación y problemas de gestión en los puertos. Para que lo entendamos todos, es como si pudieras transportar personas con tu coche privado temporalmente sin que se tuvieran en cuenta a los taxistas.

Entonces, ¿supone una amenaza ecológica esta nueva ley nacional?
— Sí. Podría prostituir la náutica recreativa al permitir que embarcaciones privadas destinadas a uso social se conviertan en herramientas comerciales. Esto podría desvirtuar su propósito original y saturar el sector.

¿Existe un interés oculto?
— Esta norma podría beneficiar económicamente a comunidades autónomas con menor actividad turística o náutica, inyectando recursos al sector. Sin embargo, en Baleares, esto se percibe como una imposición que no respeta las necesidades locales, lo que lleva a especular sobre intereses económicos o políticos a nivel nacional.

¿Quién garantiza la sostenibilidad y la seguridad con esta nueva norma?
— La Asociación de Empresas de Chárter de las Islas Baleares (AECIB) se presenta como un actor clave en este aspecto. Con solo cuatro meses de existencia formal, ya hemos propuesto soluciones legislativas, de seguridad y sostenibilidad para contrarrestar los posibles impactos negativos de la nueva regulación. Nuestra experiencia y profesionalidad son garantías para el sector. Sabemos de lo que hablamos.

¿Es una imposición nacional?
— Sí. Es una imposición nacional que no tiene en cuenta las particularidades de la región. Tenemos que apostar por la sostenibilidad y tememos que la norma agrave la masificación ya existente en temporada alta.

¿Se pone en riesgo nuestro ecosistema marino con esta nueva ley en Baleares?
— Sin duda. La región ya sufre una carga máxima en temporada alta y tememos que la comercialización de la náutica recreativa generará caos en los puertos, afectará la tranquilidad de los usuarios privados y además contradice las políticas de sostenibilidad.

¿Podría Baleares imponer sus intereses frente a una norma nacional?
— Hay incertidumbre al respecto, pero queremos creer que haciendo valer nuestras competencias autonómicas en el desarrollo de esta actividad permita la continuidad de nuestras empresas que a base de seguridad, calidad, sostenibilidad y esfuerzo profesional en el sector náutico balear, no veamos comprometido nuestro futuro y el de nuestras tripulaciones, ni el de nuestros trabajadores que tanto se esfuerzan en el día a día... Nos gustaría trasladar nuestras inquietudes a la Mesa Náutica y a la Mesa del Diálogo Social que tienen establecida por ley la representatividad de empresas y sindicatos ante el Govern. De ahí nuestra inclusión en la patronal CAEB que es la más representativa de las islas Baleares.

¿Cuál es vuestra mayor preocupación?
— Nos preocupa principalmente el intrusismo profesional y el fraude fiscal que podría provocar la medida liberalizadora de la lista 7a de forma temporal. Creemos que la medida está orientada a intereses comerciales de los vendedores de embarcaciones y no han tenido en cuenta el impacto que sin duda provocará mayor saturación turística en nuestro litoral, algo que es totalmente incompatible con el pacto político por la sostenibilidad turística que promueve el Govern con patronales, sindicatos, asociaciones, grupos políticos y representantes de la Sociedad Civil Organizada, así como con los grupos conservacionistas del medio ambiente terrestre y marino.