La Societat Civil organiza un congreso sobre vivienda: «Es evidente que hay tensión social y muchas ganas de movilizarse»

Benedicto aseguró que «los gobernantes deberían tenerlo en cuenta, pero hay una falta de conexión entre la población y los gobernantes». Por su parte, Cristina Llorente aseguró que «tenemos que explicarles a los jóvenes las consecuencias que van a sufrir, tenemos que implicarles en este tema». Abril advirtió que «se han tomado medidas poco valientes en el pasado. Lo que no puede ser es que el mercado regule la vivienda, cuando son el problema, no la solución. Baleares está dentro de una tormenta perfecta, con un modelo turístico intensivo que necesita cada año 10.000 trabajadores más» para los que no hay pisos suficientes a precios asequibles.

Considerado como uno de los temas más urgentes que afecta al Archipiélago, la vivienda centra este segundo congreso para el que se ha elaborado un documento en el que los futuros participantes tienen hasta final de mes para presentar enmiendas. Entre las propuestas que se plantean es la de limitar la venta de viviendas a extranjeros extracomunitarios no residentes, «como de Gran Bretaña o Estados Unidos, que se están convirtiendo en una cuota de mercado importante».

En cuanto a las medidas que ha puesto en marcha el Govern balear, se han mostrado muy críticos desde el Fòrum de la Societat Civil. Tanto el decreto de simplificación administrativa como las medidas urgentes para la vivienda social «realmente a quien benefician es a los promotores inmobiliarios y a los constructores». Llorente aseguró que «se desarrollan las áreas de reconversión de suelo rústico que permiten incrementar un 45 por ciento su edificabilidad, mientras se reducen los espacios libres a cinco metros cuadrados por persona, cuando en Son Ximelis estaban previstos en el Plan General hasta 23».

Esta reducción de espacios en los suelos urbanizables de Palma que se empiezan a desarrollar ahora «empeorarán las condiciones de vida de personas que acceden a estas viviendas, si es que pueden acceder. Porque ahora son viviendas de precio imitado, un 30 por ciento más caras que las viviendas de protección oficial», aseguró Llorente. La presidenta de Palma XXI denunció que «el Govern está hipotecando el territorio para las generaciones actuales y futuras».

También proponen que los consistorios baleares puedan utilizar suelo procedente de Gestur, para convertir solares industriales en suelo para viviendas públicas. Benedicto señaló que «el Govern balear tiene mecanismos para mejorar la situación de la vivienda. Otro asunto es que no aplique la regulación de los precios del alquiler, es una decisión política de fondo ponerse al servicio de os grandes tenedores».

Otra de las soluciones que proponen es la de construir vivienda pública, para pasar del escaso 0,80 por ciento que supone respecto al total a un mínimo del 10 por ciento para 2040. Además, piden la prohibición del alquiler turístico en unifamiliares adosadas y plurifamiliares en todas las islas, así como la reconversión de hoteles en vivienda protegida.

Los portavoces del Fòrum aseguraron que el problema de acceso a la vivienda «ya no afecta solo a los colectivos vulnerables. Abril aseguró que desde 2013 se dio el crecimiento del precio del alquiler, que se disparó después de la pandemia. Y Llorente lamentó que «todas las viviendas que se construirán al amparo de estos decretos, que no se verán esta legislatura, han conseguido un blindaje. Se han blindado los derechos a los promotores y si al final hay un cambio de gobierno y no se aplican, habrá que indemnizarles».