Funcionarios del Estado en Baleares claman por una «insularidad digna»

La protesta, convocada por la Plataforma Insularidad Digna, que agrupa a 21 sindicatos y asociaciones profesionales, entre ellas organizaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, marca el inicio de una campaña de movilizaciones que incluirá paros todos los viernes de mayo y junio frente a distintos centros de la Administración General del Estado en Baleares.

Fernando Martorell, portavoz de la plataforma y representante de UGT, lamentó que, a pesar del reciente incremento del plus de residencia para los empleados públicos autonómicos impulsado por el Govern balear, los más de 10.000 funcionarios del Estado en las Islas, entre ellos trabajadores de la AGE, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración de Justicia, siguen sin ver actualizada su compensación.

«El problema es que faltan efectivos y cada año hay más población. Es un cóctel explosivo», alertó Martorell, quien detalló que el 18 % de las plazas de la Seguridad Social en Baleares están vacantes. «La situación es penosa», resumió.

La plataforma denuncia también un agravio comparativo con otras comunidades insulares. Según sus datos, un funcionario del grupo C1 en Baleares percibe unos 75 euros al mes por indemnización de residencia, mientras que en Canarias, Ceuta o Melilla la cifra es más del doble.

«Esto no va solo de dinero, sino de hacer atractivas las plazas para que los trabajadores se queden. Cada vez que hay una oposición, el 85 o 90 % de los nuevos funcionarios acaba marchándose a los dos años», añadió Martorell, señalando el elevado coste de la vivienda, el transporte y la cesta de la compra como factores clave en la fuga de personal.

Desde el Sindicato Unificado de Policía, su secretario general en Baleares y también portavoz de la plataforma, Manuel Pavón, denunció que en el reciente concurso de traslados de la Policía Nacional quedarán vacantes 400 plazas en las Islas. «Es vergonzoso. Llevamos años denunciándolo y nadie hace nada», afirmó, criticando también la falta de implicación de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien acusan de incumplir los compromisos que firmó con la plataforma cuando era presidenta del Govern.

Por su parte, David Pola, de la Confederación Española de Policía, advirtió de que la desafección institucional afecta directamente al ciudadano: «El verdadero perjudicado es el ciudadano de Baleares, que no ve cubiertas sus necesidades básicas. La Administración del Estado no está ofreciendo el servicio que debería».

A la protesta acudieron también representantes políticos de Vox, entre ellos la portavoz en el Parlament, Manuela Cañadas, y el portavoz adjunto en el Consell de Mallorca, David Gil.

La próxima concentración de la plataforma Insularidad Digna está prevista para el 9 de mayo frente a la Tesorería General de la Seguridad Social