TRIBUNALES

Un juzgado envía al Supremo a Alvise por revelar secretos de Jorge Campos

La magistrada aprecia «indicios fundados serios» en varios comentarios del eurodiputado

Alvise Pérez tiene abierta ya una causa en el Tribunal Supremo por posible financiación ilegal de su partido. Ahora el Alto Tribunal debe decidir si incoa otra

TW
13

Un juzgado de Instrucción de Palma envía al líder de ‘Se acabó la fiesta’, Alvise Pérez, al Tribunal Supremo. La magistrada ha elevado una exposición razonada para que sea esta instancia la que investigue si el político cometió un delito de revelación de secretos denunciada por el diputado mallorquín de Vox, Jorge Campos. El documento valora que «existen indicios fundados serios de que el señor Pérez pudiera ser autor de los hechos constitutivos de delito».

La investigación parte de una querella de Campos, blanco habitual de ataques de Pérez a través de su grupo de Telegram, conde moviliza a decenas de miles de los seguidores que le llevaron al parlamento de la Unión Europea. La magistrada inicialmente desestimó la querella pero la Audiencia Provincial aceptó el recurso presentado por la defensa de Campos, ejercida por el abogado Álvaro Martín Olmos.
El tribunal sí apreció indicios de delito porque, las publicaciones de Alvise incorporaban datos personales y reservados de Campos, tales como fechas de estancia en hoteles, importes de un contrato de préstamos o partes de ese acuerdo privado. De esta manera entendía que existían indicios de delito y ordenaba llevar a cabo una investigación.

La magistrada instructora entiende que esas pesquisas no se pueden llevar a cabo desde Palma dado que Alvise Pérez está aforado como eurodiputado. «Es patente la imposibilidad de iniciar la instrucción sin quebranto del derecho de defensa del aforado», razona la exposición razonada. El motivo es que es la primera diligencia sería llamar a Alvise e interrogarle «para que tuviera a bien explicar, si a su derecho conviene, de qué modo llegaron a su poder, como obtuvo o accedió a los documentos privados». Y eso, ahora mismo, solo lo puede hacer el Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial constataba que estaba acreditado que Alvise había publicado esos datos y que estos eran reservados. «Se desconoce cómo han llegado a poder del querellado (Alvise) pero el hecho de la publicación determina que ha accedido a los mismos y hay indicios que han de investigarse», señalaba la resolución.

La querella inicial de Campos incorporaba otros posibles delitos que sí fueron descartados tanto por la instructora como por la Audiencia, como uno de odio. También otro contra la integridad moral, aunque el auto señalaba: «Los comentarios sobre la vida personal y las fotografías aportadas junto a ellos podrían afectar al derecho al honor pero no alcanza la gravedad». Alvise ha hecho a Campos de forma recurrente objetivo de ataques descarnados y, en muchas ocasiones, vinculados a la vida personal del político de Vox.