Marga Prohens y Antoni Costa, este martes en el Parlament. | P. Bota

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El pleno del Parlament ha convalidado este martes con los votos del PP y Vox un decreto ley pensado inicialmente para liberalizar suelo urbano y urbanizable en algunas zonas de Palma y que –como consecuencia de las cesiones ‘populares’ para ganarse el apoyo de los del partido de Abascal– se extenderá a otros municipios y también al suelo rústico.

La convalidación de ese decreto con el apoyo de Vox, unido al acuerdo que escenificó el pasado viernes sobre el decreto turístico y un posible acuerdo, no cerrado, para los Presupuestos da estabilidad aparente al Govern de Prohens pero también –y así se puso este martes de manifiesto en la sesión– une a la oposición en un punto: criticar la dependencia del Govern de la extrema derecha. Dos fueron los consellers protagonistas de la sesión, el de Vivienda, José Luis Mateo, y el de Turismo, Jaume Bauzá, que mostraron sus coincidencias con el partido cuyo grupo parlamentario lidera en Balears, Manuela Cañadas.

La presidenta balear –antes del debate sobre la convalidación del decreto, en respuesta a una pregunta del socialista Negueruela– dijo: «PP y Vox representamos a la mayoría de estas islas» y afirmó que los socialistas están ahora en la oposición «por haber puesto en jaque a las familias y a las clases medias». «Han engañado a todo el mundo», le dijo el socialista que fue quien intervino en nombre de su partido para oponerse a la convalidación del decreto.

Las Áreas de Transición

Lo que este martes ha convalidado el Parlament no es exactamente lo mismo que estará en vigor cuando el texto se convierta en ley y la posibilidad de liberalizar suelo para «proyectos residenciales estratégicos» en Palma se extienda a otros municipios. Lo que más alarma a la oposición: las Áreas de Transición. «Lo que llaman Áreas de Transición y que se incluyen a propuesta de Vox no son sino Áreas de Transición en Rústico», aseguró el socialista que incidió en varias ocasiones que el verdadero autor del decreto era el alcalde de Palma, «que es promotor».

Tanto el decreto en su redacción actual como las enmiendas que se introduzcan con el acuerdo PP-Vox cambian normas diversas y algunas generan dudas jurídicas. Así, el menorquinista Josep Castell indicó que «lo llevaremos al Constitucional». Este diputado señaló que el artículo 9.2 fija que un proyecto residencial estratégico se puede dar por aprobado por silencio administrativo. El portavoz del PSIB no fue tan explícito pero indicó que analizarán jurídicamente todo.

Para el conseller Mateo –y también para el vicepresidente Costa, que respondieron a preguntas– la izquierda está «en pánico». Según Mateo, la propuesta de liberalizar suelo –y también la de incluir el rústico– parte de una ley del que fuera conseller d’Obras Públiques en uno de los gobiernos de Antich, Jaume Carbonero. El conseller incluso habló de «ley Antich» y eso le sentó muy mal a Negueruela. Según el conseller, el prósito del Govern es «garantizar el acceso a la vivienda», que es «un auténtico desafío y que no se puede mirar a otro lado». Mateo no ahorró elogios a Cañadas y agradeció el apoyo de Vox pese a su negativa inicial a apoyar el decreto. «Las situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias», dijo.