La exconsellera Pilar Bonet sostiene que sufría una adicción compulsiva a las compras para justificar el desfalco de 2,1 millones de euros

Bonet, que durante la legislatura 2019-2023 también formó parte del equipo de gobierno del Ajuntament de Llucmajor y se hizo cargo de la concejalía de Recursos Humans, Hisenda, Contractació Pública i Mantenimient Urbà, ha explicado en sede judicial que se encuentra en tratamiento psiquiátrico y acude de forma periódica a Projecte Home para intentar combatir los trastornos de personalidad que, según sus palabras, le obligaban a hacer compras de forma compulsiva y diaria.

Asimismo, tras reconocer parcialmente el desfalco, ha entregado a los investigadores una lista con los nombres de numerosas personas de su entorno a los que entregó regalos de todo tipo, desde bolsos de marca hasta accesorios y complementos de moda de mujer.

En abril pasado, la exconsellera guardó silencio ante el juez. La antigua directiva compareció en los juzgados de Via Alemania de Palma para declarar por la querella que le acusa de delito de apropiación indebida, estafa, administración desleal, falsedad en documento mercantil y falsedad en documento privado. Está investigada por haber defraudado 2,7 millones de euros de la empresa del Grupo Globalia para la que trabajaba como contable.

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Su intervención se limitó a una breve exposición inicial en la que sostenía ser víctima de una persecución y afirmaba que se habían revelado datos personales suyos en diferentes informaciones de las que manifestó sentirse afectada.

La defensa de la exconsellera, ejercida por el abogado Antonio Martínez, aportó al juzgado una serie de documentación médica para acreditar que la investigada tiene una serie de trastornos que podrían atenuar o limitar una hipotética responsabilidad penal por la actuación que se investiga en el juzgado.

Cabe recordar que las sospechas sobre la política se iniciaron hace un tiempo, cuando la empresa privada de handling para la que había trabajado como responsable durante varios años descubrió que las cuentas no cuadraban. Tras una auditoría, parece ser que se constató que en varios lustros se habían desviado cerca de dos millones de euros, por lo que saltaron todas las alarmas y, como es habitual en estos casos, se puso en marcha una investigación interna para aclarar quién estaba implicado en el desfalco.

La querella sitúa el inicio de los delitos en el año 2011, que es la fecha hasta donde se habían remontado inicialmente los auditores. La investigada había desarrollado su trabajo en Globalia a lo largo de más de 25 años y, con su paso a la política, primero en el Ajuntament de Llucmajor y más tarde en el Consell Insular, se terminó por descubrir el descuadre.