Educadores y trabajadores sociales de Baleares piden más medios tras el crimen de Badajoz

Los dos colegios reclaman al Govern, que tiene la competencia en este tipo de casos, que revise las condiciones de las plantillas, la rotación de las plazas y las medidas de seguridad en las que se desarrolla el trabajo de reeducación de los jóvenes con medidas judiciales en la Comunitat.

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La muerte de la educadora de 35 años consideran que «evidencia la desprotección de los profesionales de la intervención social, lo que supone un perjuicio de los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos», explicaron, porque «se necesitan buenas dotaciones de plantillas y remuneradas justamente, así como adecuados equipos técnicos de soporte, además de medidas de seguridad en el ejercicio del trabajo. Y resulta necesario también el reconocimiento y la debida consideración, por parte de la administración pública, de los profesionales que se dedican a la intervención social con personas en situación de riesgo. Las medidas no pasan por revictimizar a los menores de edad, sino para poner los medios que permitan su integración social», reclamaron desde ambos colegios en un comunicado.

Revisar protocolos

«Pedimos una revisión de la normativa en cuanto a ratios, medios económicos, medidas de seguridad y apoyo psicosocial, tanto para los colectivos que atendemos como para los profesionales, garantizando entornos de trabajo dignos y seguros», defienden.

Por todos estos motivos, los colegios instan a las instituciones públicas de Baleares «a perseverar en la mejora constante de los servicios sociales y, muy especialmente, en los servicios destinados a infancia y adolescencia, tanto los de justicia como los de protección y reclamamos actualizar y mejor las políticas de prevención y tratamiento de los menores, incidiendo en los aspectos que provocan estas situaciones».