Primeros paros en Baleares contra la nueva normativa que restringe el uso veterinario de antibióticos

Algunas clínicas cerrarándurante una hora el martes 11 de febrero a las 11 horas en señal de protesta

El Gobierno prohibe la administración de antibióticos a animales sin chip. | Freepik

TW
4

Algunas clínicas veterinarias de Mallorca se sumarán el próximo martes 11 de febrero a las 11 horas al paro convocado por el Colegio de Veterinarios de Málaga y que secundarán centros de todo el país contra la nueva normativa que restringe la dispensación de antibióticos a animales de compañía.

Las reuniones que desde hace semanas mantiene el Colegio de Veterinarios de Baleares para intentar calmar los ánimos y negociar una aplicación laxa de la norma que contempla multas de hasta un millón de euros a los facultativos que la incumplan, no ha contentado a todos los asociados.

Delia Saleno, propietaria de la Cínica Veterinaria Son Dureta, es una de las veterinarias que cerrarán sus puertas en señal de protesta. «La normativa nos imposibilita ejercer nuestro trabajo y pone en serio riesgo la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente», afirma.

Desde el 2 de enero todos los veterinarios de España tienen la obligación de comunicar al Ministerio de Agricultura las prescripciones de antibióticos que realizan a los animales a través del sistema PRESVET. El Gobierno español equipara a los facultativos que atienden a mascotas con los que atienden al ganado y a otros animales de producción anticipándose a una directiva Europea que lucha contra las superbacterias y que será de obligado cumplimiento a partir de 2030.

Los veterinarios que no cumplan en tiempo y forma lo que requiere el Ministerio se exponen a multas de hasta un millón de euros. El cambio normativo ha provocado protestas en todo el país.

Noticias relacionadas

El Colegio de Veterinarios de Baleares ha solicitado al Gobierno central que apruebe una moratoria que exima de cumplir con sus condiciones hasta que se solucionen los problemas que está originando el sistema PRESVET. Hace ahora una semana sus representantes se reunieron además con la Conselleria d’Agricultura y con la Dirección general de Farmacia para intentar abordar juntos la problemática.

La postura oficial del Colegio, que ha informado y formado a sus asociados durante meses, es la de buscar un entendimiento en lugar de un enfrentamiento, pero hay propietarios de pequeñas clínicas que no comparten su punto de vista.

«Prácticamente al facultativo veterinario se le prohíbe tratar un paciente en base a un diagnóstico y en las necesidades particulares de cada situación clínica, transformándolo en un robot que debe aplicar una prescripción impuesta por un real decreto en base a criterios rígidos que nada tienen que ver con el conocimiento de la medicina veterinaria actual, poniendo en jaque la salud animal, la salud pública y el medio ambiente», denuncia Delia Saleno. La facultativa sostiene que «habrá más clínicas que secundarán el paro» en Mallorca.

Ramon García es el presidente de los veterinarios de Baleares: «Respetamos las decisiones de los centros que quieran acogerse a este paro», dice. El Colegio profesional sigue llamando a la calma. «Lo importante es trabajar para resolver problemas y poder encontrar las mejores alternativas a toda esta situación», añade.

La recomendación que el colegio trasladó a sus veterinarios en la última reunión es la de justificar adecuadamente la prescripción de antibióticos para evitar posibles multas. En el caso de la administración de antimicrobianos de los grupos A y B, cuyo uso está más restringido, será necesaria la realización de un cultivo.

Además el Gobierno central prohíbe la dispensación a animales que no estén correctamente identificados con chip. No obstante, las protestas de los facultativos provocaron que hace solo unos días el Ministerio de Agricultura anunciara que introducirá algunos cambios en la normativa en vigor. Entre otras cuestiones reconoce que las multas previstas son «excesivas» y anuncia que introducirá excepciones para permitir la administración de medicamentos a fatos callejeros, gatos extraviados sin identificación y animales no identificados con patologías que puedan comprometer su salud o la de las personas con las que conviven.