El Govern da más tiempo a los infractores para que legalicen sus viviendas en rústico

La razón para esta extensión de los permisos está en que hay nuevas dudas jurídicas sobre las consecuencias del texto legal que aprobó definitivamente el Parlament y no está claro si los consells deben autorizar o no de nuevo este plan. Para sortear estas dudas, los consells han decidido volver a sumarse al proceso de legalización con una nueva ratificación por parte del pleno. Esta ratificación que deben hacer los consells –el de Eivissa ya la ha hecho– da tres años de plazo para realizar el proceso de legalización. Es decir, todo el proceso vuelve a iniciarse de cero, por lo que no se tendrá en cuenta el plazo transcurrido desde que se activó el proceso de forma inicial.

En el caso del Consell de Mallorca, este proceso se activó en un pleno en junio de 2024, por lo que ya han pasado casi ocho meses desde que se abrió el proceso para que los propietarios de estas viviendas pidan la legalización. Para evitar esas dudas, el Consell volverá a ratificar este proceso en el pleno que celebra la semana que viene y el plazo para pedir la regularización de las viviendas volverá a ser de tres años. Por lo tanto, el plan de legalizaciones acabará en enero de 2028 y no en junio de 2027, como era hasta ahora.

Quienes en su día construyeron piscinas, viviendas o ampliaron sus casas en suelo rústico sin tener los permisos para hacerlo tendrán además otra ventaja añadida: ganarán también tiempo para que la legalización les salga más barata. La norma aprobada por el Parlament establece que quien solicite esta legalización en el primer año de plazo abonará una multa del 10 % del valor de las obras que deben legalizarse.

Si esta petición se hace el segundo año, la penalización es del 12,5 % y sube hasta el 15 % para el tercer año desde que se abrió el proceso administrativo. Como todo el procedimiento comenzará de nuevo en cuanto el Consell dé el visto bueno este mes, quienes se acojan a la norma a partir de ahora y hasta febrero del año que viene pagarán menos penalización. Además, la propia ley establece rebajas de un 50 % del valor de estas multas en función de los niveles de renta de quienes pretenden regularizar las obras hechas sin permiso.

El decreto de simplificación administrativa, en el que se incluye la legalización, entró en vigor en mayo del año pasado, pero quedó derogado en diciembre, cuando el Parlament aprobó el texto definitivo tras tramitarlo como ley. Esa derogación generaba dudas sobre si los consells debían o no volver a aprobar la autorización. En cualquier caso, desde la Vicepresidència del Govern, que dirige Antoni Costa, aseguran que todos los expedientes ya iniciados hasta la aprobación de la ley siguen en vigor y no decaerán. Es decir, los propietarios que lo pidieron entre junio y diciembre no tendrán que solicitar de nuevo toda la legalización y seguirán con el expediente en marcha.