Juicio con 17 acusados por estafar a la Seguridad Social con contratos falsos

Dos empresarios cobraban a cambio de contrataciones que servían para cobrar el paro y otros subsidios

El juicio se tuvo que celebrar en la sala para macro procesos habilitada en Sa Gerreria.

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Una sala de vistas abarrotada. 17 acusados comparecieron ayer en Sa Gerreria para un juicio inusual, celebrado por un juzgado de lo Penal en una macro sala contra una red que se dedicó hace más de una década a estafar con falsos contratos a la Seguridad Social. Trece de los acusados aceptaron condenas menores ante los retrasos en la causa y las acusaciones retiraron los cargos contra otros cuatro. Uno de los supuestos cabecillas no llegó al juicio: falleció durante la larguísima instrucción.

La red estaba encabezada por cuatro ciudadanos españoles. Dos de ellos pusieron en marcha dos sociedades limitadas, supuestamente para realizar actividades inmobiliarias y un taller mecánico respectivamente. Los otros dos se encargaban de los trámites administrativos. Sin embargo, de acuerdo con el relato de las acusaciones aceptado por los acusados, ninguna de las dos empresas llegó a ejercer una actividad real durante los dos años que operaron, entre 2011 y 2013. Sin embargo sí tuvieron dados de alta a sesenta empleados en total.

La actividad real era cobrar a personas a cambio de un contrato y un alta en la Seguridad Social. Esos documentos eran empleados luego por los falsos trabajadores para acceder a distintas prestaciones: en la mayor parte de los casos para reclamar un subsidio de desempleo, pero también en otros casos para optar a la prestación por maternidad y en varios casos para poder tramitar permisos de residencia y regularizar su situación en España.

Tres de los responsables de montar la empresa asumieron condenas de diez meses y cinco días de prisión por delitos de falsedad y de estafa. El cuarto de este grupo es el acusado que ha fallecido. Además, nueve de los que pagaron a cambio de contratos falsos asumieron una pena de seis meses tras un acuerdo entre Fiscalía, Abogacía del Estado, Seguridad Social y sus defensas. Las penas serán suspendidas.

Cobros de 10.000 euros de paro gracias a altas fraudulentas

Los dos principales beneficiarios de la trama consiguieron cada uno cantidades de 9.000 y 10.000 euros por una prestación de desempleo en ambas situaciones. Los acusados tendrán que devolver a la Seguridad Social las cantidades que cobraron de forma indebida, que en total superan los 30.000 euros. Este es el tercer juicio que afronta la misma estructura.