CC.OO. y UGT denuncian «el secuestro de derechos por intereses partidistas»

«Los derechos de las personas han estado secuestradas por intereses partidistas», señaló Xisca Garía, portavoz de UGT en Baleares. El aviso sindical se lanza ante la normativa que aún tiene que llegar al Congreso y para evitar que, en esos casos se repita la misma situación que con el decreto ómnibus, en especial con la esperada votación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. «Queremos dar un aviso. Exigimos a la clase política que mire por los derechos de los trabajadores. Vamos a fiscalizar al Parlamento», apuntó García.

Además de lo que tiene que ver con la reducción de la jornada, las organizaciones sindicales mayoritarias también reclaman la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado. Defienden que deben recoger medidas que consideran imprescindibles. Garí apunta, entre otras al reparto de los fondos europeos, a una mejor cobertura de la dependencia y a la atención a los cuidados. La reclamación común de ambos sindicatos es que los buenos números económicos se trasladen al conjunto de la población. García denuncia: «Las grandes cifras van bien pero la gente lo está pasando mal. Ese crecimiento no lo ven traducido en bienestar».

Garí reclamó también una nueva legislación que proteja el sistema de pensiones para asegurarlo: «Nos ha costado mucho alcanzar este nivel de prestaciones y es necesario que el sistema de pensiones sea sostenible y duradero en el tiempo». Advierte frente a «intereses en que caiga para privatizarlo». Además apunta a que la subida que está aprobada no llega a alcanzar el nivel del incremento de los precios en Baleares.

Dentro de la protesta se hizo notar un grupo de trabajadores de Correos. Denuncian que la situación de la empresa pública ha quedado excluida del decreto que finalmente será aprobado por las Cortes, también con el voto del PP. La portavoz del Sector Postal en Balears de Comisiones Obreras, Juana García, denuncia que ha quedado en el aire el plan de rescate de la sociedad acordado entre el Gobierno, los sindicatos y la SEPI y que buscaba aumentar la financiación para garantizar que el servicio fuera universal. García reclama que «se queda en el aire» un plan que buscaba hacer de Correos una empresa con beneficios, tal y como sucede con las empresas estatales similares en otros países de la UE. Recuerda que se trata de la mayor empresa pública de España, con 50.000 empleados de los que un millar trabaja en Baleares.