Condenados el dueño de La Tapa Andaluza y su madre por defraudar casi 400.000 euros a la Seguridad Social

Según el relato del Ministerio Público, el acusado Luis Rodríguez Ureña, administraba la sociedad la Tapa Andaluza Fashion Color S.L, que regentaba el establecimiento en la calle Aragón de Palma desde el año 2001. Al menos, a partir de 2015, dejó de pagar las cuotas de la Seguridad Social de sus nueve empleados a pesar de que se retenían esas cantidades en las nóminas. Tampoco comunicaron a las autoridades laborales una serie de cambios en la titularidad del establecimiento entre sociedades que ambos manejaban. De esta forma, entre los años 2015 y 2019 acumularon una notable deuda con la administración pública, lo que desembocó en la detención de la mujer en 2020. El hijo entonces estaba ya en prisión.

El principal acusado acumula un amplio historial delictivo desde que fue denunciado por primera vez por algunos de sus empleados en el año 2015 por las condiciones laborales que sufrían y también por impagos a la Seguridad Social. En aquella ocasión también se investigaron las condiciones de salubridad del establecimiento. Más tarde, en 2017 fue condenado por formar parte de una red de tráfico de drogas. Aceptó una pena de cinco años por liderar una organización dedicada a importar hachís a Mallorca.

Cinco años más tarde fue detenido también en la ‘operación Origen’ contra el tráfico de drogas, una causa en la que está pendiente de juicio junto a ‘La Paca’. La Fiscalía destaca en su escrito que los trabajadores eran ajenos a lo que ocurría en la empresa y que desconocían que no se abonaban sus cotizaciones a pesar de que sí les aparecían en las nóminas las retenciones correspondientes.

El Ministerio Público reclamaba al principio del proceso judicial una condena de seis años de prisión al dueño del bar ‘La Tapa Andaluza’ por dejar de ingresar más de 400.000 euros a la Seguridad Social. Además, reclamaba al empresario el pago de 1,2 millones de euros de multa. Este viernes su abogado ha llegado a un acuerdo con la fiscal y la letrada de la Seguridad Social y han rebajado la petición a tres años de cárcel.