Fiscalía pide a la Audiencia desbloquear nuevas investigaciones a Penalva y Subirán

La comunicación de la Fiscalía sigue al escrito que remitieron al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón los policías locales y funcionarios absueltos en la causa. Ponían de manifiesto que, dos años después de la sentencia no se había puesto en marcha ninguna de las investigaciones que las magistradas ordenaron, ante los indicios de delito que aparecieron en el juicio. Esas deducciones de testimonio abarcan una serie de declaraciones falsas: en primer lugar contra diez testigos de los que el tribunal apreció indicios de que mintieron en el juicio, entre ellos los dueños de varios locales y otros como ‘El Ico’.

Noticias relacionadas

Los absueltos del ‘caso Cursach’ piden a Luzón que actúe contra testigos falsos, el juez y el fiscal

El segundo bloque abarcaba a ocho de los principales denunciantes del caso contra Cursach y los agentes de la Policía Local de Palma por obstrucción a la justicia y falso testimonio. El tercero planteaba la posible comisión de delitos de prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos e investigados por parte del fiscal, Miguel Ángel Subirán, el juez Manuel Penalva, la inspectora del Grupo de Blanqueo de capitales y otras personas a raíz de lo que declararon policías locales y otros testigos en durante las sesiones. Dos años después de la sentencia no se ha iniciado ninguna de estas investigaciones y el testimonio de la sentencia no ha llegado a los juzgados de Instrucción de Palma, que tendrían que ocuparse de su tramitación.

La sentencia del ‘caso Cursach’ fue recurrida por una acusación particular, que representaba a empresarios de Magaluf y que fue ejercida en el juicio por la abogada Teresa Bueyes. Aunque retiró los cargos en el juicio, esta acusación plantea que se devuelva el caso íntegro a instrucción y repetir todo el juicio. Tanto la Fiscalía como las defensas han planteado la inadmisión del mismo en el Supremo pero la tramitación del recurso también se ha demorado durante meses. La Fiscalía entiende que no es necesaria la firmeza para iniciar las investigaciones.