El sindicato USO pide ante el Parlament la recuperación salarial para los docentes de la concertada

Una veintena de miembros se ha concentrado ante el edificio de la Cámara

Los miembros de USO Illes Balears concentrados este martes ante el Parlament

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Una veintena de miembros del sindicato USO Illes Balears se han concentrado este martes frente al Parlament para reclamar al la Conselleria d'Educació «que no se olvide de la concertada» y se le aplique la recuperación salarial de 2020 y 2021. Suponen más de 5,5 millones de euros y afecta a los más de 3.500 docentes de la enseñanza concertada balear.

En este sentido, desde el sindicato han reiterado la histórica reclamación para «alcanzar el compromiso gradual de equiparación de la remuneración del personal docente concertado con el personal de la pública, hasta llegar al 100 %, como marcan las diferentes leyes educativas».

Desde USO han reivindicado también la necesidad de conseguir que ambas redes sostenidas con fondos públicos tengan condiciones similares tanto en la financiación como en la retribución económica y las prestaciones sociolaborales de sus trabajadores. Por otro lado, han hecho hincapié en que las «dificultades» implican una mayor atención a la «creciente diversidad» en las aulas y que «se hace imprescindible» disminuir las ratios en todos los niveles de la enseñanza.

Según el sindicato, el personal docente de los centros realiza una jornada lectiva superior a los homólogos de la red pública y, por ello, es necesario «avanzar en la igualdad», tanto del horario lectivo, como en la posibilidad de reducción de la carga lectiva tal y como está estipulado en los centros públicos.

Ven imprescindible avanzar e invertir en el incremento de plantillas en los centros concertados para hacer viable la progresiva reducción de la jornada lectiva. Otros puntos importantes para el sindicato son la disminución de la carga burocrática, que «repercute negativamente» en la reducción del tiempo de dedicación de calidad hacia el alumnado, así como la actualización y el cobro del valor íntegro de los sexenios, igualándolos al personal de la pública y la reducción de la jornada a partir de los 55 años.