La consellera de Famílias i Afers Socials, Catalina Cirer, ha anunciado este martes la inversión de 32 millones de euros para la construcción, reforma, rehabilitación, adaptación o ampliación de centros de atención para personas en riesgo de exclusión social. La línea de ayudas tendrá una vigencia de diez años y permitirá la adquisición de solares para construir nuevos centros, edificar en en terrenos propios de las entidades, así como modernizar y adaptar aquellos espacios que ya se usan para la atención de este colectivo, unas 100.000 personas en las Islas según señala EAPN-Baleares.
Con la puesta en marcha de estas subvenciones, «se resuelve una demanda histórica de las entidades que forman parte de la Red de Inclusión Social y que revertirá de una manera muy directa en la atención de los usuarios y del trabajo de los profesional que se dedican a esto», ha indicado Cirer. En estos momentos, la medida está en fase de tramitación y se espera que comience a funcionar en el primer trimestre de 2025. Se podrán presentar las 23 organizaciones que conforman la red EAPN en Baleares y aquellas de índole social que cuenten con capacidad para dar apoyo a personas del colectivo. Además, se contempla que la línea dé cobertura a las iniciativas iniciadas en 2024 y no solo a las presentadas desde este año.
Cirer también ha defendido que «los recursos se tienen que adaptar a los nuevos tiempos», ya que «los perfiles de las personas en exclusión han cambiado y cada vez es más frágil la línea que separa a las que tienen una situación normalizada de las que pasan a estar en riesgo de exclusión». A la presentación de las ayudas también han acudido el director general de Afers Socials, Pep Falcó; la vicepresidenta de la Red para la Inclusión Social EAPN-Baleares, Vanessa de las Heras; la vocal de la junta directiva de esta organización, Llúcia Forteza; y su director técnico, Andreu Grimalt.
Por su parte, de las Heras, ha reivindicado «la voluntad de negociar» con la Conselleria ésta y otras iniciativas, puesto que actualmente «todavía hay muchas entidades cuyos centros para atender son cedidos, y por tanto corren riesgo de perderlos». Además, ha señalado que muchas veces las propias instalaciones «son muy antiguas», lo que provoca que «muchas ocasiones las nuevas formas de tratar la infancia, juventud y familias no sean adecuadas con los centros de los que dispone» en las Islas. En ese sentido, ha apuntado a Cáritas como ejemplo de asociación donde más necesaria es la reforma: «A veces tiene cesiones de espacios eclesiásticos, que muchas ni cumplen las normativas de accesibilidad, pero si cierra, las personas se quedan sin el servicio».
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