Inmigración: el Gobierno dice que Prohens pide lo que Feijóo rechaza

Alfonso Rodríguez recuerda que son los ‘populares’ quienes bloquean un cambio en la ley de extranjería que beneficiaría a Balears

Migrantes atendidos por Salvamento Marítimo en Portocolom | Foto: Gori Vicens

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El delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, aseguró este lunes que la propuesta que hace la presidenta Marga Prohens al reclamar un mayor compromiso hacia la Islas en materia de inmigración y acogida de menores es la que el PP viene rechazando desde hace meses.

El delegado dijo que la petición que la presidenta ha hecho pública en las última horas «es en definitiva la propuesta del Gobierno de España». Según el representante del Ejecutivo estatal, lo que deberían hacer los responsables del Govern es aprovechar su sintonía con la dirección estatal del partido y «hacer valer este criterio y contribuir a que se apruebe la reforma legislativa que la haría posible». A lo que se refiere Alfonso Rodríguez es a la reforma de la ley de extranjería.

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Rodríguez, en una entrevista que publicó este diario el 29 de diciembre del pasado año, ya se refería a este asunto e indicaba que su aprobación sería mejor para Balears pues el Gobierno podría distribuir menores entre otras comunidades que no son frontera como es el caso de Balears y Canarias. Lo que precisaba el delegado del Gobierno, y que reiteró, es que la acogida es competencia de las autonomías y que por ese motivo es preciso que estas se pongan de acuerdo. De momento, la posición de Balears es que las Islas no pueden recibir más migrantes de Canarias pues los centros de acogida están sobre saturados.

Según Rodríguez lo que propone Prohens podría ser asumido «de inmediato» si el partido de Feijóo levantara el bloqueo a la propuesta de modificar el artículo 35 de la ley de extranjería. El viernes, el portavoz del ejecutivo balear, Antoni Costa, indicó que lo que dice Rodríguez era «una interpretación y que no se correspondía con la realidad».

La propuesta del Gobierno central es que la acogida de menores por otras comunidades donde la incidencia es menor sea obligatoria cuando una región supere el 150 % de su capacidad de acogida. La ‘declaración de Asturias’ del PP alude al mismo porcentaje pero encarga al Gobierno estatal que asuma el coste de la acogida aunque la competencia sea autonómica.