Rubén Adrián, Eduard Soriano, Marga Prohens y Antoni Costa en la reunión de hoy con las cámaras de comercio.

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Rechazo absoluto del empresariado balear al modelo de financiación singular pactado con Cataluña. Así se lo han trasladado hoy a Margalida Prohens en los contactos que la presidenta del Govern está manteniendo con diversos sectores de cara al encuentro que tendrá con Pedro Sánchez, enmarcado en la ronda de reuniones bilaterales del presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos. «Nuestra negativa es total», ha señalado el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Eduardo Soriano, en representación de los intereses de un sector empresarial «con el que estamos siempre en contacto».

En ese sentido, Soriano ha subrayado que «somos contrarios a aprobar acuerdos que puedan perjudicar a Baleares» y ha precisado que el concierto económico para Cataluña sería doblemente perjudicial para el Archipiélago balear en términos de competitividad, ya que «una gran mayoría de las empresas que están desembarcando en nuestro mercado y quitándonos posibilidades en el sector productivo son catalanas». Por ello, ha reivindicado, «lo que se ha de hacer es paliar la insularidad para poder competir con las empresas de fuera».

Soriano ha estado acompañado del presidente de la Cámara de Comercio de Menorca, Rubén Adrián. Ambos han dejado varias propuestas sobre la mesa de Prohens y del vicepresident económico, Antoni Costa. Entre estas aportaciones han destacado la necesidad de agilizar toda una serie de trámites relativos a la concesión de permisos de trabajo «que se están ralentizando».

Adrián, por su parte, ha recalcado el hecho de que todas las islas «tenemos las mismas necesidades» antes de centrarse en la cuestión de la reducción de la jornada laboral, inasumible, asegura, para el tejido empresarial balear, el cual está formado mayoritariamente por pymes y microempresas. «Nos preocupa porque somos un país de pymes y la medida supondría una subida salarial encubierta del 8,5 %», ha aseverado para indicar que «una gran empresa podría compensarlo subiendo los precios, pero una microempresa no».

Por otro lado, la portavoz de la gestora al frente de UGT en Baleares, Amparo Burgueño, declaró que en su conversación con Prohens se había centrado en la cuestión del acceso a la vivienda, así como en el alquiler turístico ilegal. «Garantizar la vivienda debe ser un servicio público más», ha señalado Burgueño para añadir que se ha propuesto a la presidenta balear la habilitación de un sistema público de alquiler de vivienda que contribuyera a paliar la crisis habitacional en Baleares, cuestión por la que ambas partes «compartimos preocupación». Por otro lado, la portavoz sindical se ha referido al tema de la financiación autonómica para subrayar que esta «ha de ir de la mano de una reforma fiscal», en virtud de la cual «quien pueda pagar más que pague más».

Finalmente, el último de los interlocutores de Prohens en el día de hoy, el presidente del Cercle d'Economia, Josep Maria Vicens, ha entregado a la presidenta un documento en que hace hincapié en la cuestión de la insularidad, ya que «es la que marca la diferencia» en cuanto a financiación. «La insularidad es un hecho reconocido en la Constitución española y también en el Parlmento Europeo, que en 2022 reconoció que las zonas insulares de toda Europa tienen un hándicap estructural permanente», ha señalado Vicens para añadir que los gastos para la distribución de los servicios públicos «se multiplican en territorios como el nuestro, que somos un archipiélago».