Jaime Doreste: «Asistimos a una nueva ola de criminalización de la disidencia»

¿Realmente hay una represión de los movimientos por la justicia climática o del activismo ecologista en general?
—Sí, existen unos mecanismos legales y penales cada vez más represivos, al igual que una práctica administrativa y judicial más represiva del activismo y de la manifestación pública ciudadana, con los riesgos inherentes que ello supone para la democracia. Resulta preocupante.

¿Cómo se refleja esa represión?
—Basta con acudir a la última memoria anual de la Fiscalía, donde hay un apartado específico de procesos contra el ecologismo radical. Lo adjetiva así. Son numerosas las demandas de conciliación y los requerimientos para que determinadas críticas se retracten o desdigan. Los criticados, ganaderías industriales o grandes empresas energéticas, buscan mecanismos legales para desarmar o desarticular el activismo ciudadano.

¿Pero no hay garantías para el derecho a la crítica?
—Las garantías deberían servir para que esas situaciones nunca lleguen a juicio. El problema es que ahora tienen recorrido judicial. No deberían ni ser admitidas a trámite. Al final, el Estado de derecho triunfa en aquellos procedimientos en los que se garantiza la libertad de expresión, pero es un fracaso del sistema el hecho de tener que llegar a juicio.

¿Quiénes son los principales actores de esas denuncias?
—Como he comentado, tenemos ganaderías industriales y compañías energéticas, pero también otro tipo de empresas, personalidades públicas y sindicatos policiales. El colectivo de denunciantes por no admitir la crítica es muy amplio. Se trata de amedrentar el activismo ciudadano, de que lo se piense antes de criticar, más que la idea de ganar dinero con un juicio. Es una especie de Calladito estás más guapo.

¿Algunos ejemplos?
—El Zoo de Madrid denunció a Proyecto Gran Simio por afirmar que había delfines que actuaban en el Aquarium estando enfermos. Era cierto, pero se determinó que se trataba de una enfermedad cutánea no dolorosa. Zoo de Madrid llevó a Proyecto Gran Simio a los tribunales por denuncia falsaria y atentatoria contra el honor. Fue desestimada en primera instancia y en la Audiencia, pero ha presentado un recurso de casación. Llevamos así tres años. También un ganadero gallego denunció en televisión vertidos contaminantes en un río de una importante empresa cárnica. La empresa presentó una demanda de conciliación y pidió 500.000 euros y que el ganadero se retractara. No lo hizo y la empresa no fue a más, pero ya ha metido el miedo en el cuerpo a posibles denunciantes. También una macrogranja en Soria, que no llegó a hacerse, amenazó a todo el movimiento ecologista en su contra. El objetivo era generar miedo y angustia a personas de escasos recursos.

Con cambio climático y mayor concienciación, ¿todo esto va a ir a más?
—Sí, asistimos a una nueva ola de criminalización de la disidencia y de la manifestación de la libertad de expresión. Incluso los papeles del comisario Villarejo hablan de infiltraciones en el movimiento ecologista.