Los agentes del Seprona de la Guardia Civil han llevado a cabo la investigación.

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Cuatro mallorquines -tres hombres y una mujer- de una empresa de la Isla dedicada a la importación de toneladas de almendras han sido detenidos por la Guardia Civil de Palma acusados de un delito contra la salud pública. Según la investigación, trataron de vender una gran partida de esos frutos secos a pesar de que sabían que la mercancía presentaba toxinas y no era apta para el consumo.

Según han informado a Ultima Hora en fuentes judiciales, los acusados -cuyas identidades no han sido facilitadas-, pasarán en las próximas horas a disposición del juez de guardia en Palma. La previsión es que queden en libertad con cargos, a la espera de juicio. El caso se descubrió esta semana, después de que una empresa radicada en Mallorca comprara un cargamento de 25 toneladas de almendras de Australia, para vender en la Isla.

El lote llegó en un barco al puerto de Alicante, pero allí la mercancía fue sometida a una analítica aleatoria que detectó que los frutos secos presentaban unas toxinas que podían ser nocivas para la salud, por lo que fue interceptado y precintado. El propietario de la empresa fue informado de lo que había ocurrido y las autoridades sanitarias y de Aduanas le comunicaron que debía destruir el cargamento en un determinado plazo de tiempo para evitar problemas posteriores de salud pública. Las fuentes consultadas indicaron que la mercancía estaba valorada en más de 40.000 euros, a lo que el empresario afectado debía sumar el coste de la destrucción de las 25 toneladas de almendras.

Tras ser puesto al corriente de todos los trámites administrativos que debía realizar, el empresario se comprometió a destruir el envío en la incineradora de Tirme, en la Isla, y finalmente el cargamento de almendras de Australia llegó al puerto de Palma. Aquí tenía un plazo límite para acreditar la destrucción del lote, pero según los investigadores lo que llevó a la planta de Son Reus no fueron las 25 toneladas de almendra de Australia precintadas en el puerto de Alicante, sino cáscara sin el fruto, que podrían proceder de otros envíos y restos.

Fue entonces cuando saltaron todas las alarmas y el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil abrió una investigación para aclarar dónde estaban las almendras con toxinas. Las fuentes consultadas indicaron que en el caso de que los alimentos precintados estén en un ligero mal estado, existe la posibilidad de que se conviertan en pienso, pero en el caso de la almendra australiana la toxina estaba muy extendida y las autoridades dejaron muy claro que solo podía ser destruida.

Las sospechas policiales se confirmaron cuando se revisaron los albaranes con el peso del material que se llevó a la incineradora, que no coincidía en absoluto con el otro declarado. Así las cosas, se empezó a investigar un posible caso contra la salud pública y un juzgado de Palma fue puesto al corriente de las diligencias penales de la Benemérita. El seguimiento de la partida detectó que había vuelto a la Península, en un barco, y que supuestamente el dueño de la empresa mallorquina tenía intención de ponerlo de nuevo en el mercado, para venderlo al mejor postor en el mercado. Fue entonces cuando los agentes del Seprona se decidieron a actuar y procedieron a la detención de los tres varones y la mujer, que anoche todavía se encontraban privados de libertad en las dependencias de la Comandancia palmesana, en la calle Manuel Azaña.

Los funcionarios parece ser que han registrado unas instalaciones de la empresa en Binissalem, de donde se llevaron documentación relativa a la partida de frutos secos interceptada y que supuestamente había sido incinerada en Palma. También han tomado declaración a los cuatro arrestados, que son de nacionalidad española y residen en la Isla, aunque el contenido de su versión no ha trascendido. Uno de ellos es el propietario de la empresa que importaba la mercancía y los otros son trabajadores o socios. En las diligencias practicadas esta semana han participado, además del Seprona, la Guardia Civil de Palma y de Alicante, Sanidad y Aduanas.