El Govern habrá recurrido 36 veces esta legislatura a la vía del decreto

Hasta la reforma del Estatut del año 2007 esta vía rápida no estaba en manos del Govern. El año que más veces la ha utilizado en estos cuatro años el Ejecutivo que preside Francina Armengol fue 2020. Ese año, marcado por la pandemia, se empleó 20 veces. El que llega hoy a la Cámara es el que lleva por título medidas urgentes en materia de servicio públicos discrecional del transporte de personas viajeras y en otras materias vinculadas a sectores económicos.

Noticias relacionadas

Clavijo (CC) recupera la presidencia de Canarias tras cuatro años en la oposición

Más noticias relacionadas

Este decreto, que ya está en vigor pero que si no se convalidara (lo que no sucederá) quedaría anulado y tendría que volver a ser tramitado, es un cajón de sastre con medidas que afectan a seis conselleries. De una parte regula medidas relativas al sector del taxi, como la concesión de licencias para evitar lo que sucedió el verano pasado, pero también precios y tarifas, así como los convenios con ayuntamientos para hacer efectivo el transporte gratuito. También se ocupa de cuestiones relacionadas con la ley turística.

El PP también lo utilizó

La próxima semana, en la última sesión, se tendrá que convalidad el que habilita el procedimiento par las ayudas por la tormenta Juliette. Ese decreto también incluye la declaración de interés autonómico de la construcción de VPO. El último gobierno del PP, el que presidió José Ramón Bauzá entre 2011 y 2015 recurrió 28 veces a esta fórmula, pese a que tenía mayoría absoluta en la Cámara.
Ha sido habitual que todos los grupos de oposición cuestionen que el Govern recurra a este procedimiento. Ayer fue la portavoz de Ciudadanos (Cs), Patricia Guasp, quien se quejó y dijo: «Estamos cansados de que metan estos ‘decretazos’». Cs se abstendrá.

El pleno del Parlament aprobará este martes, la la última ley presentada remitida a la Cámara desde el Govern, ya que las dos que quedan para el último no son del Ejecutivo: una es la propuesta de iniciativa legislativa popular sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras (promovida desde el GOB) y la otra, la que modifica parcialmente el reglamento del Parlament.