La carta que detonó el despido del docente fue firmada por 56 de los 68 alumnos del centro. En ella se describían conductas como comentarios inapropiados, uso de «ejemplos sexuales» en el aula, intentos por contactar con alumnas fuera del centro y, en el caso de una de ellas de una situación de acoso durante un año y medio. Tras la denuncia, la dirección del centro pidió la intervención de la inspección educativa y del IB-Dona.
Sendos informes confirmaban las denuncias y la gravedad de los hechos. Se optó por un despido casi automático, de este y otro docente y se remitieron los expedientes a Fiscalía por si existió un delito. El Ministerio Público archivó la parte que afecta a este profesor: el único aspecto que sí podría llegar a ser considerado delito fue aparcado porque la víctima rechazó mantener una causa penal.
El TSJIB admite ahora la demanda por despido improcedente interpuesta por la abogada Isabel Ripoll. El motivo es que, en ningún momento se le dio un trámite para defenderse y contradecir las manifestaciones de los alumnos. La sentencia considera de «difícil comprensión» que la ESADIB careciera en 2021 un protocolo para casos de acoso sexual: «Pero resulta todavía más inexplicable y de difícil justificación que el demandante haya sido despedido en base a imputaciones tan graves sin haber sido escuchado previamente, algo que cuestiona frontalmente la imparcialidad de la investigación exigible previa a un despido basado en una imputación tan grave como la de acoso sexual».
La sentencia deja tres opciones al Govern: la primera recurrirla. En caso de que sea firme, puede readmitir al trabajador e iniciar un expediente disciplinario de nuevo o, simplemente indemnizarlo por un despido improcedente con 64.000 euros.
8 comentarios
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Otra indemnización a pagar por los contribuyentes.
Esto es lo que pasa cuando las propias instituciones se pasan las leyes y la presunción de inocencia por el forro, pisoteando los derechos individuales para "contentar" a la opinión pública 😡
La presunción de inocencia en España brilla por su ausencia.
¿A quien le extraña? También se cierran sitios web sin orden judicial, o mejor dicho las operadoras desconectan el acceso a sus usuarios . Si se permite lo que le han hecho a este individuo lo siguiente será que esté bien visto el linchamiento. ¿Tan difícil era despedirlo mediante el procedimiento correcto?
Es lo q nos cuesta a los ciudadanos por tener unas instituciones radicalizadas cómo el ibdona y los capta votos del pacte retroces. Ellos tendrían que pagarlo
Els jutges deixen molt que desitjar
Pues qué bien, en ningún sitio dice que no sucedió y encima le dan la opción de volver a impartir clases. Así nos va.
Sin duda había que cesarlo, pero habiéndole permitido presentar sus alegaciones. Ahora la incompetencia o incapacidad de un cargo del Govern nos cuesta a los baleares 64.000 €. Espero que el Govern repita i obligue a pagar esa cantidad a los cargos o funcionarios responsables.