Jueces y policía fijan criterios para el uso de pulseras antimaltrato

Pulsera antimaltrato. | Javier Jiménez

Víctor MalagónPalma20/02/23 0:29
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Jueces, Fiscalía, Guardia Civil, Policía Nacional y Delegación del Gobierno en Balears unifican criterios para el uso de las pulseras antimaltrato. El uso de estos dispositivos electrónicos que marcan la posición del maltratador e informan a la víctima si se vulnera una orden de alejamiento aún no está muy extendido en las Islas. De las más de 3.000 pulseras que están activas ahora mismo en toda España, en Balears apenas hay 53. De acuerdo con los datos del Ministerio de Igualdad, en las Islas su uso se ha aumentado de forma notable en los últimos cinco años, aunque está muy lejos de otras comunidades. En agosto de este año se alcanzó el pico de dispositivos de seguimiento activos, con 58. En 2021 había 44; en el 20, 31; en el 19, 25 y en 2018 eran solo catorce.

La comunidad autónoma con un más de dispositivos activos es Andalucía, con 1.138, el 37,7% del total. La Comunidad Valenciana tiene 376, y Madrid, 289. El uso de los dispositivos volvió a ponerse encima de la mesa a finales del año pasado con la oleada de asesinatos por violencia de género. Tanto el Ministerio de Interior como el de Igualdad instaron a aumentar su uso, una petición respaldada por la Fiscalía especializada en Violencia de Género.

Ante estas peticiones, una junta de jueces de Instrucción y de Violencia de Género en Palma se reunió a principios de febrero para unificar criterios sobre el uso de los dispositivos. Esa reunión ha seguido a un encuentro esta semana entre todos los organismos implicados para conocer mejor cómo funcionan y establecer protocolos sobre su control, la colocación y otros detalles. Se trata, por ejemplo, de establecer medidas de alejamiento que permitan su uso, limitado a 500 metros y no inferiores.

La pulsera se coloca al agresor, que no puede quitársela. La víctima y él mismo llevan un dispositivo de control. Cuando quien la lleva se la quita o pasa la distancia de seguridad establecida dan un aviso a la víctima y al centro que las controla, sea policía o Guardia Civil.